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Portugal legaliza los vientres de alquiler

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Este martes entra en vigor la ley que legaliza el acceso a los vientres de alquiler para las mujeres estériles en Portugal después de que el decreto que regula su aplicación fuese publicado este lunes en el Diario de la República.

Una Nueva Era en la Legislación Portuguesa

Portugal ha dado un paso significativo en el reconocimiento de los derechos reproductivos al legalizar los vientres de alquiler, también conocidos como gestación subrogada. Esta medida, aprobada recientemente por el parlamento portugués, marca un hito histórico en la legislación del país, alineándolo con otras naciones europeas que ya permiten esta práctica bajo regulaciones estrictas.

La Ley de Gestación Subrogada

La nueva ley establece un marco legal claro y preciso para la gestación subrogada en Portugal, definiendo las condiciones y los derechos tanto de las madres subrogadas como de los padres intencionales. Solo podrán acceder a este procedimiento las parejas heterosexuales y homosexuales que demuestren la imposibilidad médica de concebir o llevar un embarazo a término.

La legislación también enfatiza que la gestación subrogada debe ser altruista, prohibiendo cualquier forma de compensación económica más allá de los gastos directamente relacionados con el embarazo y el parto. Esto busca evitar la comercialización del cuerpo femenino y garantizar que la práctica sea ética y respetuosa con los derechos de todas las partes involucradas.

Requisitos y Procedimientos

Para asegurar la transparencia y el bienestar de las partes involucradas, la ley impone varios requisitos y procedimientos estrictos:

  • Evaluación Médica y Psicológica: Tanto los futuros padres como la madre subrogada deben someterse a evaluaciones médicas y psicológicas para asegurar que están en condiciones de participar en el proceso.
  • Contrato Legal: Un contrato detallado debe ser firmado por todas las partes antes de iniciar el proceso, especificando los derechos y responsabilidades de cada uno.
  • Aprobación Judicial: Todos los casos de gestación subrogada deben ser aprobados por un tribunal, que evaluará la legalidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Reacciones y Controversias

La legalización de los vientres de alquiler en Portugal ha generado reacciones mixtas entre la población y los diferentes sectores de la sociedad. Mientras que muchos celebran esta medida como un avance en los derechos reproductivos y una oportunidad para aquellas parejas que no pueden tener hijos de manera natural, otros expresan preocupaciones éticas y morales.

Las organizaciones pro derechos humanos han aplaudido la ley, argumentando que proporciona una opción más para formar una familia, respetando la dignidad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, algunos grupos conservadores y religiosos critican la medida, temiendo que pueda abrir la puerta a abusos y explotación de las mujeres, especialmente aquellas en situaciones económicas vulnerables.

Impacto en la Sociedad Portuguesa

La implementación de esta ley no solo afecta a las parejas que buscan formar una familia, sino que también tiene implicaciones más amplias para la sociedad portuguesa. Se espera que la regulación adecuada y el monitoreo continuo eviten los problemas observados en otros países y aseguren que la práctica sea segura y ética.

Este avance legislativo también puede influir en otros países de la región, impulsando debates y posibles reformas en torno a los derechos reproductivos y la gestación subrogada.

Conclusión

La legalización de los vientres de alquiler en Portugal representa un cambio significativo en la legislación del país, ofreciendo nuevas oportunidades a las parejas que desean formar una familia. Aunque la medida ha sido recibida con reacciones mixtas, su implementación cuidadosa y ética puede establecer un modelo positivo para otras naciones.

Con esta ley, Portugal se une a un creciente número de países que reconocen y regulan la gestación subrogada, subrayando la importancia de proteger los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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indemnización familiares fallecidos trenes

Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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