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El PP consigue mayoría absoluta en el Senado

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PP mayoría absoluta Senado
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Madrid (OFFICIAL PRESS- EFE).- El PP ha experimentado un ascenso de 33 escaños en el Senado que le permite, alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Alta gracias a los 116 senadores populares elegidos hoy en las urnas.

Estos representantes del PP se suman a sus 20 senadores por designación autonómica que también tienen escaño en el hemiciclo de la calle Bailén, de modo que desde hoy cuenta con 136, tres más de los que conforman la mayoría absoluta en esta institución.

Resultados en el Senado

Entre tanto, el PSOE ha pasado de 93 escaños electos a 76, lo que supone una pérdida de 17 respecto a los logrados en 2019.
A mucha distancia, con siete escaños, se sitúa “Izquierdas por la Independencia”, que reúne a senadores de ERC y EH Bildu, quienes ya han compartido grupo parlamentario la pasada legislatura.

El PNV experimenta un muy serio retroceso, al dejarse en estos comicios más de la mitad de sus senadores electos, pasando de los nueve logrados en las anteriores elecciones generales (con uno más designado por el Parlamento Vasco) a tan solo cuatro.

Por su parte, Junts per Catalunya cae de tres electos a uno, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) conserva su escaño, los navarros de UPN también mantienen el suyo y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) entra en la Cámara con otro.
Al grupo socialista también se podrá incorporar un senador logrado por la coalición ibicenca conformada por PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa, que concurría por las dos islas pitiusas.

Además de los 208 senadores que hoy han sido elegidos por los ciudadanos en las urnas, la cámara territorial cuenta con otros 57 designados por los parlamentos autonómicos hasta alcanzar la cifra de 265 representantes en el hemiciclo.

Los senadores designados se renuevan con las elecciones autonómicas; tras los comicios del pasado 28 de mayo comenzó el proceso para elegir de nuevo a 31 correspondientes a los parlamentos que surgieron de esos comicios.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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