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El PPCV estudia llevar a los tribunales la ley de plurilingüismo del Consell

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(EUROPA PRESS)-La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado que están estudiando, junto a asociaciones, acciones legales contra la nueva ley de plurilingüismo aprobada el pasado miércoles en las Corts Valenciana. La líder de los ‘populares’ valencianos ha calificado la norma de «ataque sin precedentes a la libertad» y una «imposición lingüística» y ha aseverado: «Lo llevaremos a los tribunales porque entendemos que esta ley es inconstitucional».

Bonig se ha pronunciado así este viernes en Castellón, donde ha asistido a la reunión del consejo de dirección del PPCS. Ha anunciado que «el partido está a la espera de un informe jurídico» pero ha asegurado que utilizará «todas las herramientas legales para paralizar esta ley del chantaje lingüístico donde no se tiene en cuenta la libertad de los padres».

A su parecer, «lo que se perpetró el miércoles en Les Corts fue un ataque sin precedentes a la libertad, a la libertad de los padres, a los que no se permite elegir el tipo de educación de sus hijos y la lengua vehicular».

Además, ha culpado al actual Consell de «hacer del valenciano un motivo de enfrentamiento cuando siempre ha sido una razón de unión», ha dicho.

Bonig ha agregado que el Ejecutivo autonómico «quiere trasladar la imposición lingüística catalana a la Comunitat Valenciana con un fin claro de adoctrinamiento y de seguir la hoja de ruta del nacionalismo» y ha añadido que «el único responsable es Ximo Puig, que ha desoído sistemáticamente todas las veces que el PPCV le ha tendido la mano».

En esta línea, la presidenta ‘popular’, también ha hecho referencia a la iniciativa presentada ayer por la diputada Ferrer San-Segundo para pedir que el valenciano no sea requisito para acceder a la función pública. «Debe ser un requisito de concurso de mérito, nunca excluyente», ha dicho.

«Estamos a favor de que la administración tenga funcionarios suficientes que hablen valenciano, pero no se puede convertir la lengua en un mecanismo para excluir. No queremos que con la función pública pase lo mismo que con la educación», ha argumentado.

La presidenta del PPCV ha pedido a Puig que «se centre en los problemas de los valencianos». «Si él es incapaz lo haremos nosotros presentando proyectos como el de la Ley de autónomos», ha indicado Bonig.

«UN CAOS»

Asimismo, ha afirmado que Puig es «quien ha permitido y consentido que la educación valenciana sea hoy un caos, y el PPCV va a seguir adelante denunciándolo».

En este sentido, la presidenta Bonig ha señalado que, «según el último barómetro, los problemas son el desempleo, y Puig no ha hecho nada porque la ejecución es bajísima; y la sanidad, que se ha convertido en un área complicada; y la educación.

La reforma de la Constitución de la que tanto habla Puig o el cambio de nombre de ciudades no le interesa a nadie».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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