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Valencia

La prensa tendrá zona acotada para informar tras las agresiones en protestas contra el PSOE

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prensa protestas PSOE
Una persona enseña una bandera de España a la Policía durante una manifestación contra la amnistía, en una imagen de estos días. EFE/Sergio Pérez
València, 14 nov (OFFICIAL PRESS-EFE).- Los medios de comunicación dispondrán de una zona acotada para informar en las manifestaciones convocadas legalmente en la Comunitat Valenciana, tras los incidentes producidos -con insultos y agresiones- en varias protesta en contra de la ley de amnistía.

Así lo ha comunicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana en funciones, Pilar Bernabé, en la reunión que ha mantenido este martes con el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Vicent Marco, tras las agresiones del pasado domingo a un equipo de À Punt y a un cámara de Antena 3 en una concentración organizada por Vox frente a la sede del PSPV en València.

Bernabé ha lamentado que «los discursos de odio y violentos conllevan situaciones violentas y acciones de odio», y ha advertido a las personas con cargos públicos e institucionales de que «no pueden convocar concentraciones ni manifestaciones que estén fuera del procedimiento legal» porque conllevan «situaciones que producen problemas graves de seguridad».

La delegada del Gobierno ha mostrado también su preocupación por «determinados discursos al máximo nivel» de los convocantes de estas protestas, «discursos bélicos que hablan de golpe con golpe o de que van a poner al presidente del gobierno en el maletero de un coche».

Son «discursos de odio, violentos, que conllevan situaciones de odio y violentas», ha advertido, al tiempo que ha pedido que «ya está bien de poner alfombra roja a acciones violentas».

Bernabé ha informado asimismo tras la reunión de que la Policía Nacional va a garantizar la seguridad de todos los profesionales de los medios de comunicación y de todas las personas que quieran manifestarse.

Por su parte, el presidente de la Unió de Periodistes Valencians ha manifestado la satisfacción de la organización ante la respuesta de la Delegación del Gobierno para que se garantice el derecho a la información y la seguridad de todos los profesionales que van a cubrir las manifestaciones.

Según Vicent Marco, la delegada les ha informado de que se va a aplicar una zona de seguridad para que los profesionales tengan un lugar seguro donde poder informar «en libertad» y sin agresiones.

Sobre la posibilidad de que los periodistas acudan a estos actos con un chaleco que les identifique como «prensa», Marco ha indicado que es una reivindicación del sector, aunque hay profesionales que prefieren no llevarlos.

«Todos tienen libertad de movimiento», ha señalado Marco, quien ha pedido prudencia a los periodistas, que «hagan caso de las recomendaciones de las fuerzas de seguridad» y no salgan de la zona acotada en las manifestaciones convocadas legalmente.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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