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Procesados un concejal y cuatro técnicos de Sagunto por destinar el dinero de uniformes a compras personales

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VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto (Valencia) ha procesado al concejal socialista del Ayuntamiento de Sagunto y exalcalde Francisco Crispín, y a cuatro técnicos del consistorio por prevaricación, malversación de caudales y falsedad al considerar que gastaron el dinero destinado a uniformidad que contempla el convenio a compras personales.

Según consta en el auto del juzgado, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se acuerda el procesamiento de los cinco investigados porque existen indicios «más que suficientes» de la comisión de los delitos investigados y se da traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen escrito de acusación o de sobreseimiento o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

La causa se inició a raíz de la denuncia del actual concejal de Transparencia, quien puso de manifiesto presuntas irregularidades por aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento en anteriores legislaturas por el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo al Ayuntamiento, comercios en los que se venden trajes de vestir o artículos deportivos de marca que no se corresponden con la ropa de trabajo que la corporación debe facilitar a los empleados que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran medidas de protección, según el convenio de relaciones laborales, para lo que existe una partida presupuestaria.

Además, afirmaba que no se concretan los artículos comprados sino a conceptos genéricos como «vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento». Según el auto, la mecánica realizada era presentar una factura con un concepto genérico que entre dentro de lo requerido por el Departamento de Actividades para después con el crédito conseguido con la presentación de la factura, ir al establecimiento emisor de la factura y realizar el gasto en varios días y en diferentes prendas, todo ello con independencia de la cuantía económica.

En los tickets, figuraban de diferentes tallas, artículos de mujer, de bebé, de deportes, calzado deportivo de varios números, munición y carabinas que, «por su cualidades», hace pensar que no es utilizado para las inspecciones de actividades.

Uno de los responsables de los establecimientos señaló que personas del departamento de Actividades del Ayuntamiento le indicaron que apareciese un vestido genérico y que le habían dicho que tenían una cantidad asignada para ropa de trabajo aunque al no usarla por ir de «persona normal», no querían perder ese importe.

En el caso de Crispín, destaca que ha adquirido trajes, americanas, bermudas, un balón de fútbol de marca, un visor de carabina, munición y ropa que no se ajusta a lo descrito en el convenio.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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