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Procesados un concejal y cuatro técnicos de Sagunto por destinar el dinero de uniformes a compras personales

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VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto (Valencia) ha procesado al concejal socialista del Ayuntamiento de Sagunto y exalcalde Francisco Crispín, y a cuatro técnicos del consistorio por prevaricación, malversación de caudales y falsedad al considerar que gastaron el dinero destinado a uniformidad que contempla el convenio a compras personales.

Según consta en el auto del juzgado, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se acuerda el procesamiento de los cinco investigados porque existen indicios «más que suficientes» de la comisión de los delitos investigados y se da traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen escrito de acusación o de sobreseimiento o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

La causa se inició a raíz de la denuncia del actual concejal de Transparencia, quien puso de manifiesto presuntas irregularidades por aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento en anteriores legislaturas por el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo al Ayuntamiento, comercios en los que se venden trajes de vestir o artículos deportivos de marca que no se corresponden con la ropa de trabajo que la corporación debe facilitar a los empleados que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran medidas de protección, según el convenio de relaciones laborales, para lo que existe una partida presupuestaria.

Además, afirmaba que no se concretan los artículos comprados sino a conceptos genéricos como «vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento». Según el auto, la mecánica realizada era presentar una factura con un concepto genérico que entre dentro de lo requerido por el Departamento de Actividades para después con el crédito conseguido con la presentación de la factura, ir al establecimiento emisor de la factura y realizar el gasto en varios días y en diferentes prendas, todo ello con independencia de la cuantía económica.

En los tickets, figuraban de diferentes tallas, artículos de mujer, de bebé, de deportes, calzado deportivo de varios números, munición y carabinas que, «por su cualidades», hace pensar que no es utilizado para las inspecciones de actividades.

Uno de los responsables de los establecimientos señaló que personas del departamento de Actividades del Ayuntamiento le indicaron que apareciese un vestido genérico y que le habían dicho que tenían una cantidad asignada para ropa de trabajo aunque al no usarla por ir de «persona normal», no querían perder ese importe.

En el caso de Crispín, destaca que ha adquirido trajes, americanas, bermudas, un balón de fútbol de marca, un visor de carabina, munición y ropa que no se ajusta a lo descrito en el convenio.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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