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Puig pide que la nueva financiación autonómica tenga efectos retroactivos desde 2014

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El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, un nuevo modelo de financiación que permita dotar a las comunidades autónomas de un escenario de equidad ya a partir de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y con efectos financieros retroactivos a enero de 2014.

Puig ha abogado por aprobar un modelo donde todas las autonomías vean compensadas su deuda acumulada por el mal funcionamiento de los anteriores modelos para, de este modo, empezar de cero, y ha expuesto en este sentido la urgencia de fijar un horizonte temporal para la aprobación de este nuevo sistema de financiación que no exceda del 30 de septiembre de 2017.

Puig ha argumentado que el actual sistema de financiación ha generado no solo un «problema valenciano», sino también un «problema autonómico», porque son todas las comunidades autónomas las que necesitan un nuevo modelo que permita evitar la erosión del estado del Bienestar. No es el momento ni del victimismo periférico ni de la soberbia centralista, ha expuesto.

El jefe del Consell considera imprescindible que el trabajo de la Comisión de Expertos incluya la evaluación del coste que ha tenido para las comunidades autónomas la insuficiente financiación, al menos de los servicios públicos fundamentales, con especial atención a la Ley de Dependencia. Además, para el Consell de la Generalitat, resulta prioritario reformular la cantidad total de recursos que recibe cada Administración para ejercer en condiciones de igualdad sus competencias.

Puig

Igualmente, tal y como defiende el President, resulta fundamental evaluar la posibilidad de reestructurar parte de la deuda de las comunidades para regresar en un plazo razonable a la viabilidad financiera de las comunidades.

La primera preocupación de la Generalitat valenciana es la aprobación de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas para acabar con la «insostenible» situación que sufre la Comunitat Valenciana. De hecho, el President de la Generalitat acude a esta reunión después de desarrollar una labor de diálogo con todos los grupos parlamentarios de Les Corts y que se ha extendido a las organizaciones sindicales y empresariales y también a los expresidentes.

El President de la Generalitat ha considerado, por otro lado, inaplazable que se alcance un Pacto de Estado en materia de violencia de género que coordine y ponga todos los servicios con los que cuentan el Gobierno de España, las comunidades y los ayuntamientos.

Igualmente, Puig ha reivindicado la necesidad de impulsar un acuerdo en materia de inversión en infraestructuras que priorice las inversiones basándose en criterios objetivos independientes y que analice déficits existentes como los que afectan al Corredor Mediterráneo.

Asimismo, Puig ha considerado fundamental la aprobación en la Conferencia de Presidentes de un acuerdo en materia de acogida de refugiados entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Generalitat solicita también que, respecto al futuro Pacto social y político por la Educación, se constituya un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Educación y representantes de las administraciones educativas de las comunidades autónomas del que salga un nuevo impulso a los programas de cooperación territorial.

Puig ha propuesto además la creación de un Foro Común por la Transparencia, el Buen Gobierno y la Regeneración Democrática que permita promover la reparación ética de lo político y decisiones ejemplares en valores.

«Espíritu constructivo y de diálogo»

El jefe de Gabinete del President, Arcadi España, ha destacado que la intervención del jefe del Consell refleja la «actitud constructiva, de diálogo y alejada del victimismo de algunas comunidades autónomas y de la soberbia del Gobierno central» de la Generalitat.

«Nuestro tema central es la financiación», ha subrayado España, quien ha detallado que la Generalitat pide «una mayor concreción de la propuesta del Gobierno de España de iniciar los trabajos en un mes». «Queremos poner una fecha de finalización de los trabajos y una fecha de retroactividad, que es 2014, cuando caducó el actual modelo», ha subrayado.

«En segundo lugar, hemos planteado no hacer borrón y cuenta nueva, sino estudiar lo que ha pasado durante estos años, especialmente el efecto del sistema sobre las comunidades infrafinanciadas con el objeto de buscar fórmulas de compensación de esa deuda acumulada por infrafinanciación», ha explicado también.

Presidentes autonomicos

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb
Airbnb

Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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