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Puig sobre la posible financiación ilegal: «el partido no tiene ningún problema en hacer un estriptis absoluto»

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CASTELLÓN/VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este martes que el partido no tiene «ningún problema en hacer un estriptis absoluto» porque, de hecho, tienen «problemas económicos por haber luchado contra la corrupción», ha incidido en que quieren que «se sepa la verdad», pero ha advertido que «si alguien piensa que eso es la Gürtel valenciana, es una fake news».

Así se ha pronunciado Puig este martes antes de participar en dos actos en Castellón y València, al ser preguntado por los medios por la investigación judicial sobre la presunta financiación ilegal del PSPV –y el Bloc– en 2007, y por las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha dicho que confía en Puig para aclarar si el PSPV pagó actos electorales en B en 2007.

Puig ha explicado que ha hablado con Sánchez y «está tranquilo», al tiempo que le ha agradecido su confianza: «Agradezco al secretario general del PSOE el apoyo, que es mutuo, y evidentemente el PSOE tiene una respuesta respecto a cuando aparecen problemas que pueden ser reales o no absolutamente diferente al PP», ha indicado el líder del PSPV.

Según Puig, los socialistas no acusan a los periodistas, ni a los fiscales, ni a la Policía, sino que intentan «saber la verdad». «Y vamos a intentar aportar todo lo que nos pida la justicia en este proceso, que hasta el momento no nos ha pedido nada, pues queremos saber si hace 11 años se hicieron las cosas mal en alguna parte y se actuará en consecuencia», ha incidido.

El ‘president’ ha señalado que esta tarde hay una reunión del secretariado del PSPV que «tomará las decisiones de aperturar la comisión interna» para recopilar la información sobre las cuestiones que se están investigando. «Queremos que la sociedad tenga confianza absoluta en los partidos políticos decentes, y el PSOE es un partido decente», ha aseverado.

CONFIANZA
Según ha apuntado, en estos momentos «miles y miles» de personas confían en el Gobierno y, desde luego, el Gobierno valenciano «no tiene nada que ver con situaciones que se pudieran haber producido en el pasado y que vamos a investigar e intentar aportar toda la luz para que no quede ningún tipo de sombra».

Preguntado sobre el hecho de que el PPCV vaya a reclamar en los ayuntamientos los contratos con las empresas relacionadas con la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc, Puig ha subrayado que le parece «muy bien» que el PP pida todo aquello que cree que va a aportar luz a cualquier situación.

Sin embargo, ha indicado que «si alguien piensa que hay alguna equiparación respecto a lo que ha sido la corrupción sistémica del PP, evidentemente no tiene nada que ver», y tampoco tiene nada que ver con la respuesta, «pues el PP intentó liquidar a un juez, que finalmente no lo consiguió, y desacreditar a la Policía». «Nosotros tenemos una actuación radicalmente diferente», ha añadido.

«Intentar ensuciar todo el sistema por parte del PP, que es la única manera que tienen de salir de su situación, es una grave afección al sistema democrático», ha apuntado Puig, quien cree que el PP ha hecho «mucho daño» a la Comunitat Valenciana, pues «no ha sido un caso, ha sido el caso PP».

El secretario general del PSPV ha destacado que los socialistas asumirán todas las responsabilidades de una cuestión «que ha salido como ha salido desde hace 11 años, y no hay ningún problema en hacer un estriptis absoluto de lo que es el PSOE, de hecho tenemos problemas económicos por haber luchado contra la corrupción».

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CORTS
Preguntado sobre la petición de Ciudadanos de crear una comisión de investigación para esclarecer los detalles sobre la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc, ha incidido en que los socialistas valencianos quieren conocer la verdad de este caso y «averiguar hasta la última cuestión que esté al alcance».

Ha recordado, por tanto, que su posición es «favorable» a las comisiones de investigación porque «todo lo que sea trabajar en el esclarecimiento de esas cuestiones es favorable». No obstante, ha advertido que «si alguien piensa que eso es la Gürtel valenciana, es una ‘fake news’, eso no es real, estamos hablando de otras cuestiones».

«Pero en cualquier caso, sea grande o pequeña, si se ha hecho alguna cosa mal hay que asumir responsabilidades políticas más allá de las jurídicas, y eso es lo que haremos», ha zanjado.

EL PESO DE LA LEY
Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha señalado que «si hay una sentencia que condena a un político por corrupción, lo que hay que hacer es que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona, independientemente del partido que sea, porque los corruptos no caben en política».

«La política es un trabajo muy noble que es de vocación pública y de mejorar la vida de los vecinos, y en política no caben los corruptos, los cuales tiene que irse de la política o expulsarlos de la misma», ha apuntado. No obstante, Marco ha destacado que si «por mala fe política, algún partido político va a la Justicia simplemente para denigrar la imagen pública y política de alguien, también debería tener algún tipo de responsabilidad ante la ciudadanía».

«Si por mi fuera, para los corruptos sería la condena, devolver el dinero y la inhabilitación para cargo público de por vida», ha concluido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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