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Reacciones políticas a la condena de Alfonso Grau

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Alfonso Grau sentencia

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha señalado este jueves, respecto a la pena de cuatro años de cárcel impuesta al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia, que «es grave» ver que uno de los máximos responsables del consistorio «hace cuatro años, esté condenado» a prisión. «Me parece que es una situación grave, una situación que hemos de lamentar», ha confesado Ribó.

Asimismo, el también candidato de Compromís a la reelección ha lamentado que el nombre de la capital valenciana salga de nuevo en los medios de comunicación no «por las cosas positivas» sino por una circunstancia como la citada. Según ha destacado el edil en funciones de València, el consistorio trabajará «para que se devuelva todo el dinero» y ha subrayado que no trabajará con «empresas que utilizan mecanismos no legales para la contratación».

Joan Ribó ha subrayado que el actual Ayuntamiento de València tiene «unas normas de contratación» que establecen que «si hubiera alguna empresa implicada directamente» en asuntos como el que ha llevado a la condena a Grau no se podría trabajar con ellas. «Esto se debe dejar claro cuando la sentencia sea firme. Nosotros no queremos trabajar con empresas que usan estos métodos en el Ayuntamiento. Rechazamos cualquier tipo de mecanismo de corrupción», ha asegurado el líder de Compromís.

Por otro lado, Isabel Bonig, la presidenta del PP valenciano también ha expesado su opinión al respecto. «Si hay una condena, siempre respetamos las decisiones judiciales, también las que son malas para el PP», ha manifestado este jueves en su paso por Les Corts.

Tras subrayar que Grau «ya no forma parte del PP» y que la sentencia no es firme, Bonig ha garantizado que nunca diría que «una actuación judicial o policial es excesiva», mientras ha criticado que «el PSPV y Compromís sí que lo han dicho». «Cuando era contra el PP era fantástico y cuando era contra el presidente de la Diputación de Valencia –el exsocialista Jorge Rodríguez– era exagerado», ha ilustrado.

 

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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