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RENTA| Más del 30% de los borradores de Hacienda pueden contener errores

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ahorrar 3.000 euros en un año

El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y Castellón ha advertido que el 30 por ciento de los borradores de la declaración de la renta que envía Hacienda contiene errores, especialmente en materia de deducciones autonómicas, según han informado en un comunicado.

Los 700 gestores administrativos colegiados recomiendan su revisión para evitar errores y pérdidas de dinero al tiempo que recuerdan que se trata de un impuesto «muy complejo que requiere tiempo y asesoramiento de profesionales».

La Campaña de la Renta del ejercicio 2018 para las declaraciones que se presentan online o por teléfono ya está en marcha y será, a partir del 14 de mayo, cuando arranque el periodo de presentación en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes pueden pedir cita para la atención telefónica en la AEAT desde el 1 de abril y para la atención presencial desde el 9 de mayo. El 26 de junio finalizará el plazo para presentar las declaraciones a ingresar por domiciliación bancaria y el 1 de julio será el fin de la campaña para el resto de declaraciones.

Una vez presentada, es el contribuyente quien asume la responsabilidad de su declaración por lo que los gestores avisan de que «se pueden perder desgravaciones, incluir ingresos de forma errónea o dejar de declarar ingresos».

Por este motivo, el colectivo recomienda revisar «con detalle» los borradores que la Agencia Tributaria pone a su disposición, especialmente en materia de deducciones autonómicas, ya que la información «ha sido elaborada con datos de terceros y estos pueden contener errores».

Los cerca de 700 gestores administrativos colegiados de Valencia y Castellón ponen de manifiesto la importancia de dejar la declaración de la renta «en manos de profesionales». «Si dudas, pierdes», aseguran. «Para ahorrar disgustos y pagar lo justo, lo más inteligente es delegar con seguridad y confiar en profesionales cualificados de cercanía y confianza, amparados por la garantía que ofrece pertenecer a un colegio profesional», han apuntado.

Asimismo, advierten con tener cuidado «al validar el borrador; en su mayoría no contemplan la realidad. Están incompletos y contienen numerosos errores y estos, casi siempre, son a favor del fisco».

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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