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Valencia

Piden condenar a la residencia de Alcoy con 74 fallecidos por covid por falta de higiene y personal

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Lectura de las conclusiones del juicio por las 74 muertes en una residencia de mayores de Alcoy (Alicante), Domus Vi. EFE/ Pep Morell

Alcoy (Alicante), 10 oct (OFFICIAL PRESS-EFE) – Los familiares de los residentes fallecidos en DomusVi Alcoy durante el primer mes de la pandemia han solicitado condenar al centro por la muerte de 74 personas, atribuida a la falta de higiene, personal insuficiente y escasas medidas de precaución en los inicios de la covid-19. Según los demandantes, la gestión negligente del centro provocó una alta tasa de contagios y fallecimientos.

El juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy, es el primero en España contra una residencia por su gestión durante la pandemia. Los familiares de 18 de las víctimas, representando a 46 allegados, solicitan una indemnización de 2,3 millones de euros.

Acusaciones de negligencia y falta de precaución

La abogada de los familiares ha calificado la gestión del centro como «negligente», criticando la falta de atención médica adecuada y la priorización de intereses económicos sobre la salud de los mayores. Según la acusación, el protocolo contra la covid-19, que incluía medidas como la sectorización del centro, no se aplicó correctamente, lo que permitió la rápida propagación del virus.

Además, señalaron la diferencia de gestión entre DomusVi Alcoy y otra residencia de la misma empresa en Cocentaina, donde no se registraron fallecidos por covid-19 en el mismo periodo.

Defensa del centro y aseguradora

Por su parte, la abogada de la residencia ha rechazado las acusaciones, asegurando que la gestión del centro fue diligente y que no se cometieron negligencias. Argumenta que la falta de sectorización inicial se debió a la ausencia de restricciones más estrictas en ese momento y que el personal seguía las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Mapfre, la aseguradora de DomusVi, también ha defendido que no hubo mala praxis y considera la cifra de indemnización solicitada como «escandalosa y ofensiva».

El juicio ha quedado visto para sentencia.

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Valencia

Comunicado de la concejala valenciana del PP tras insultar a Pedro Sánchez en un mitin

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Pedro Sánchez

La concejala del Partido Popular en la localidad valenciana de Vallanca, Belén Navarro, ha pedido disculpas públicas tras insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin celebrado este domingo en Teruel. La edil reconoce que sus palabras fueron inapropiadas y admite que “la crítica política es legítima; el insulto, no”.

El incidente se produjo durante un acto de campaña electoral en Aragón en el que participaba el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Desde el público, Navarro profirió un insulto grave dirigido a Sánchez, que respondió desde el escenario entre aplausos y gritos de apoyo asegurando que “quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad”.

Comunicado de disculpas de la concejala del PP

Horas después del acto, Belén Navarro difundió un comunicado en el que asume su responsabilidad y pide perdón tanto a su partido como a la ciudadanía. “De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia”, señala.

La concejala lamenta el daño causado a la imagen del Partido Popular y afirma que su comportamiento no representa los valores que deben regir la actividad política en una democracia. “Asumo plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y reitero mi compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político”, concluye.

El PSOE exige su expulsión inmediata

Tras lo ocurrido, el PSOE ha elevado el tono y ha reclamado la expulsión “inmediata” de la concejala. Los socialistas han exigido una respuesta clara y sin ambigüedades por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Pérez Llorca, advirtiendo de que “no se trata de una anécdota aislada”.

En un comunicado, el PSOE califica de “indecente e intolerable” que una representante pública acuda a un mitin de otro partido para insultar al presidente del Gobierno. A su juicio, este comportamiento “degrada la convivencia democrática” y exige consecuencias políticas inmediatas.

“No es un episodio aislado”, advierten los socialistas

Desde el PSOE y el PSPV se insiste en que este tipo de actitudes responden a “una forma deliberada de deshumanizar al adversario político y degradar el debate público”. “No podemos normalizar el insulto ni las agresiones verbales en política. La discrepancia es legítima; la deshumanización y el señalamiento, no”, subrayan.

En la misma línea, el PSPV-PSOE de la comarca de La Serranía y el Rincón de Ademuz, donde se encuentra Vallanca, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala y ha condenado unos hechos que consideran “gravísimos”. Su secretario general comarcal, Ramiro Rivera, ha afirmado que “quien insulta de esta manera no puede representar a nadie”.

Reacciones del Gobierno y condena institucional

El incidente ha generado también reacciones dentro del Gobierno. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado lo ocurrido de “bochornoso” y ha advertido de que convertir el ataque verbal en estrategia política supone un grave retroceso democrático.

Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Transportes y el de Política Territorial, han cuestionado que un cargo público recurra al insulto soez en un acto político, subrayando que este tipo de comportamientos deberían avergonzar a toda la clase política.

Debate político y límites democráticos

El episodio ha reabierto el debate sobre el tono del enfrentamiento político en España y los límites que no deberían cruzarse en una democracia. Mientras la concejala ha pedido disculpas y reconoce su error, el PSOE mantiene la presión para que el PP actúe con contundencia y deje claro que el insulto personal no tiene cabida en la política institucional.

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