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Valencia

Ribera Salud denuncia sustracción de información desde conselleria a dos días de que el Hospital de Torrevieja vuelva a manos públicas

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Valencia, 13 oct (EFE/OP).- A solo dos días de la reversión a la gestión pública del Hospital de Torrevieja, Ribera Salud, la empresa concesionaria, afirma que seguirá acudiendo a los tribunales porque considera que se está «atentando contra la ley de estabilidad presupuestaria» y es «necesario justificar esa reversión».

La tensión del traspaso, a apenas 48 horas de que el centro hospitalario pase a ser público, el 15 de octubre, también se refleja en la denuncia presentada por la empresa ante la Guardia Civil por un acceso irregular al sistema informático de su propiedad en el Hospital.

Según afirma Ribera Salud, ese acceso irregular se ha producido «con sustracción de información y archivos confidenciales por parte de personal no autorizado, y desde equipos de la unidad del Comisionado de la Conselleria de Sanidad» en ese centro hospitalario.

El acceso irregular fue detectado el pasado viernes por el departamento de ciberseguridad de Ribera Salud, según fuentes de la empresa, que han indicado que el tema fue puesto a conocimiento de la Conselleria de Sanidad y de la Guardia Civil para que se abra una investigación.

Según las fuentes, «dada la gravedad de los hechos denunciados y la seriedad del tema por las connotaciones que pudiera tener y el alcance de las personas implicadas, nos abstenemos de hacer ninguna valoración al respecto hasta que finalice la investigación policial y judicial».

Fuentes de la empresa también han señalado que están «totalmente de acuerdo» con la interpretación que hace la Intervención General en el análisis de la reversión de Torrevieja, que, añade, «avala lo que ya dijo la sentencia del Tribunal Supremo en julio de este mismo año 2021».

A juicio de Ribera Salud, Sanidad «está obviando estas demoledoras argumentaciones» y asegura que seguirá acudiendo a los tribunales «para defender lo que siempre ha mantenido en este proceso, y es que se está atentando contra la ley de estabilidad presupuestaria, y que es necesario justificar esa reversión, tal y como indican tanto la Intervención General como el Tribunal Supremo».

«No se ha podido parar la reversión porque el TSJ no ha entrado al fondo del asunto, pero estamos convencidos de que cuando se analice el fondo, se nos dará la razón, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo», asevera Ribera Salud.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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