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Valencia

Ribera Salud denuncia sustracción de información desde conselleria a dos días de que el Hospital de Torrevieja vuelva a manos públicas

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Valencia, 13 oct (EFE/OP).- A solo dos días de la reversión a la gestión pública del Hospital de Torrevieja, Ribera Salud, la empresa concesionaria, afirma que seguirá acudiendo a los tribunales porque considera que se está «atentando contra la ley de estabilidad presupuestaria» y es «necesario justificar esa reversión».

La tensión del traspaso, a apenas 48 horas de que el centro hospitalario pase a ser público, el 15 de octubre, también se refleja en la denuncia presentada por la empresa ante la Guardia Civil por un acceso irregular al sistema informático de su propiedad en el Hospital.

Según afirma Ribera Salud, ese acceso irregular se ha producido «con sustracción de información y archivos confidenciales por parte de personal no autorizado, y desde equipos de la unidad del Comisionado de la Conselleria de Sanidad» en ese centro hospitalario.

El acceso irregular fue detectado el pasado viernes por el departamento de ciberseguridad de Ribera Salud, según fuentes de la empresa, que han indicado que el tema fue puesto a conocimiento de la Conselleria de Sanidad y de la Guardia Civil para que se abra una investigación.

Según las fuentes, «dada la gravedad de los hechos denunciados y la seriedad del tema por las connotaciones que pudiera tener y el alcance de las personas implicadas, nos abstenemos de hacer ninguna valoración al respecto hasta que finalice la investigación policial y judicial».

Fuentes de la empresa también han señalado que están «totalmente de acuerdo» con la interpretación que hace la Intervención General en el análisis de la reversión de Torrevieja, que, añade, «avala lo que ya dijo la sentencia del Tribunal Supremo en julio de este mismo año 2021».

A juicio de Ribera Salud, Sanidad «está obviando estas demoledoras argumentaciones» y asegura que seguirá acudiendo a los tribunales «para defender lo que siempre ha mantenido en este proceso, y es que se está atentando contra la ley de estabilidad presupuestaria, y que es necesario justificar esa reversión, tal y como indican tanto la Intervención General como el Tribunal Supremo».

«No se ha podido parar la reversión porque el TSJ no ha entrado al fondo del asunto, pero estamos convencidos de que cuando se analice el fondo, se nos dará la razón, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo», asevera Ribera Salud.

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Valencia

Investigan al alcalde de Jérica (PP) por presuntas agresiones sexuales a dos menores

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Jorge Peiró

Partido Popular suspende su militancia y lo cesa como asesor en la Diputación de Castellón

El alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, del Partido Popular, está siendo investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa se tramita en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe y está abierta desde hace varios meses. La jueza que instruye el caso impuso medidas cautelares que incluyen alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes, las cuales continúan vigentes.


Reacciones del Partido Popular

El PP de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión inmediata de militancia de Peiró y lo ha cesado como asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha reafirmado su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia del investigado.


Reacciones del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE provincial ha pedido que Peiró dimita como alcalde de Jérica, argumentando que su imputación es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
Maria Jiménez, secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, instó a los responsables del PP provincial, Marta Barrachina y Salvador Aguilella, a tomar medidas contundentes frente a esta situación.


Contexto

Jorge Peiró es alcalde de Jérica desde 2019. La investigación busca determinar la presunta implicación en agresiones sexuales a dos menores de edad. La apertura de la causa y las medidas cautelares reflejan la gravedad de las denuncias y la protección de las víctimas durante el proceso judicial.

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