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Ribó insta al cierre del ocio nocturno y hace un llamamiento a los valencianos ante los rebrotes

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este viernes su llamamiento a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención y actúe con «responsabilidad y prudencia», ante la amenaza de contagios y rebrotes de COVID-19. «Estamos todavía en situación de peligro; hemos de recordar que no hemos salido de la pandemia, sino que seguimos en una situación todavía permite rebrotes que pueden ser alarmantes», ha señalado el primer edil.

Ribó ha asegurado que, de no extremar las medidas de higiene, seguridad y distancia social preceptivas «podemos encontrarnos, en sólo 15 días o en una semana, con unos crecimientos de contagios como los que ya han ocurrido en otros países, lo que sería una situación de nuevo muy peligrosa».

A preguntas de los periodistas instantes antes de la reunión del Pleno Municipal extraordinario celebrado hoy, el alcalde ha explicado que «tenemos claro que los lugares de ocio nocturno son uno de los ámbitos donde más claramente se están produciendo brotes, no solo en València sino en todas partes de España». Por ello, y reconociendo que se trata de «un elemento de preocupación», ha explicado que desde el Consistorio se han mantenido conversaciones informales con las autoridades autonómicas sobre la «posibilidad seria de actuar en el ámbito del ocio nocturno». No obstante, Ribó ha matizado que «hay que separar los conceptos ocio nocturno y cultura, dado que no estamos hablando de teatros, cines ni música».

El alcalde ha recordado que tanto la Policía Local como los servicios de Limpieza del Espacio Público ya están trabajando de forma específica para reforzar la vigilancia y la desinfección, respectivamente, en los barrios que actualmente presentan datos de presencia de SARS-CoV-19 (como La Saïdia, Benimaclet, Jesús-Patraix o Benicalap…), pero ha subrayado que la gestión sobre la actividad de los establecimientos de ocio nocturno no es una competencia municipal. «Se pueden estudiar medidas como la modificación de licencias o la restricción de franjas horarias de la actividad, aunque es un asunto complejo». «Pero vamos a estudiarlo, igual que vamos a agilizar las sanciones a quienes no hagan uso de las mascarilla de manera adecuada».

Por lo que respecta a la acción del Ayuntamiento, los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Capillo han subrayado las acciones que se están llevando a cabo, dentro de las competencias municipales, para atajar la propagación del virus. Ambos han explicado que la Junta de Gobierno Local celebrada hoy se ha ocupado del asunto, «ante los datos preocupantes que se van conociendo». «Nos estamos jugando mucho como ciudad, no solo la estabilidad económica, sino la salud de todas las personas a las que queremos», ha advertido Sandra Gómez, quien ha anunciado la campaña de información que va a impulsar la Concejalía de Sanidad, bajo el lema «Tu mascarilla es nuestra mejor vacuna»

Por su parte, el vicealcalde, Sergi Campillo, ha apelado a la responsabilidad individual de la ciudadanía: «Nos estamos jugando mucho; ésta es una batalla que hemos de ganar entre todas y todos; y si una parte de la población es insensible a las medidas de autoprotección y de protección de las personas próximas, no servirá de mucho todo lo que hagamos desde los gobiernos», ha afirmado el vicealcalde. Campillo ha anunciado la decisión de la Junta de ser informada, cada viernes, por parte de la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, sobre los resultados del estudio de presencia de coronavirus en las aguas residuales de la ciudad, por barrios, que se lleva a cabo desde esta delegación.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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