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Ribó repetiría como Alcalde y C’s superaría a PSPV y PP, según una encuesta de Compromís

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VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) –

Joan Ribó revalidaría como alcalde de València con «un nuevo gobierno de progreso reforzado en escaños» en las próximas elecciones municipales de mayo, según una encuesta encargada por Compromís per València.

La coalición obtendría el 27,6% de los votos, por delante de Ciudadanos (21,4%), PSPV (17%) y PP (16,2%). València en Comú (VaLC) también lograría representación al sumar un 8,2% junto a Esquerra Unida, mientras que Vox recibiría el 6,9% de los votos y el resto de opciones aglutinaría el 2,8% restante.

Así lo recoge el estudio de la empresa GfK, realizado antes de Navidad a partir de la intención de voto de los encuestados. Sobre una muestra de 908 personas, con la traducción a escaños, Compromís sería la fuerza más votada en las elecciones municipales en València y sumaría diez concejales, uno más que en este mandato, detalla la coalición en un comunicado.

Ciudadanos y los socialistas también lograrían un edil más, hasta un total de siete y seis, respectivamente. Por contra, los ‘populares’ perderían cuatro o cinco y se quedaría en torno a cinco o seis concejales, mientras que la opción de València en Comú junto a Esquerra Unida conseguiría dos o tres y Vox obtendría dos.

Ribó ha asegurado que «València merece continuar con un proyecto plural, valiente y que cree en la democracia», una situación que los resultados de la encuesta «validan dando entre 18 y 19 regidores y regidoras al bloque de opciones progresistas, con el liderazgo nuevamente de Compromís», destacan desde la coalición.

CATALÀ (PP), SEGUNDA OPCIÓN COMO ALCALDESA
El estudio recoge que «los valencianos se decantan claramente por Joan Ribó como la opción que prefieren al frente de la Alcaldía de València». Un 30,9% de los encuestados asegura que quiere que revalide el cargo, mientras que la segunda opción es la de la candidata del PP, Mª José Catalá (19,3%), por delante de los líderes de Ciudadanos, Fernando Giner (15,1%); PSPV, Sandra Gómez (12,3%), y València en Comú, Maria Oliver (5,2%).

En cuanto a la pluralidad del gobierno y la preferencia de los pactos, los encuestados muestran su preferencia por acuerdos con el PSPV (77%) y València en Comú (62%), «dos formaciones cuyos votantes sitúan a Compromís como primera preferencia para llegar a pactos».

Entre los socialistas, el 51% de votantes del PSPV prefiere pactar con Compromís, un 21% con València en Comú y un 18% con Ciudadanos. En el caso de VaLC, el 64% apuesta por acuerdos con Compromís y el 59% con el PSPV, según los datos de la encuesta.

Las personas que votan a Ciudadanos preferirían pactar un 57% con el PP y un 44% con el PSPV, mientras que los simpatizantes de los ‘populares’ abogarían por acuerdos «solo con opciones de derechas»: un 70% con Ciudadanos y un 17% con Vox. Lo mismo ocurre con los votantes de Vox, que apostarían pactar con el PP (76%) y Ciudadanos (70%).

El estudio –realizado de forma proporcional a todas las variables de sexo, edad, situación laboral y distrito– también determina que un 41,7% de la población de València valora la gestión realizada en este mandato en la ciudad como ‘buena’ o ‘muy buena’, 15 puntos por encima de quienes la valoran como ‘mala’ o ‘muy mala’ (24,6%).

Esta encuesta encargada por Compromís per València tiene un margen de error de +/-3,25% y un intervalo de confianza de un 95% en el caso más desfavorable. Se realizó entre el 17 y el 20 de diciembre de 2018.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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