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Ribó ve que la condonación del 77% de la deuda de La Marina es un «paso de gigante» pero «insuficiente»

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VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que el anuncio de que el Estado asumirá 350 millones de la deuda de La Marina, contraída por el Consorcio Valencia 2007 para las obras de la America’s Cup, es un «paso de gigante» aunque cree que aún «insuficiente», por lo que considera que se debe seguir negociando. Este importe supone, según ha dicho, el 77 por ciento de la deuda y ha recalcado que no se trata de una «concesión gratuita» sino que es «fruto de un buen trabajo de La Marina».

Así lo ha explicado el alcalde de la ciudad en declaraciones a los medios, tras la reunión que ha mantenido este jueves con el director general del Consorcio de La Marina Real de Valencia, Vicent Llorens, un encuentro que estaba convocado con antelación, pero que se produce justo un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que acordó esa medida.

Ribó ha indicado que, en los últimos dos años, La Marina «está trabajando bien», ya que sus ingresos han crecido un 62 por ciento, así como sus usuarios, que han aumentado en un 80%. Por esta razón, ha asegurado que el último balance, «dejando de lado las deudas, es un balance de ejecución anual en positivo».

Llorens, por su parte, ha expresado que La Marina «ya no es un problema de esta ciudad», sino que forma parte de «aquellas cosas que solucionan y posicionan a esta ciudad en materia de innovación empresarial, economía del conocimiento, náutica, gestión del espacio público abierto a la ciudadanía».

Asimismo, el director general ha explicado que el «gran reto» a partir de ahora son los tinglados 4 y 5 y el edificio DOCS, así como «posicionar a La Marina como un gran referente en materia de gestión de fondos públicos, de fondos europeos». A su juicio, la condonación de la deuda es una concesión «de justicia» con la ciudad de València, al tiempo que «valida» las políticas y proyectos que se están desarrollando».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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