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Ribó ve que la condonación del 77% de la deuda de La Marina es un «paso de gigante» pero «insuficiente»

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VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que el anuncio de que el Estado asumirá 350 millones de la deuda de La Marina, contraída por el Consorcio Valencia 2007 para las obras de la America’s Cup, es un «paso de gigante» aunque cree que aún «insuficiente», por lo que considera que se debe seguir negociando. Este importe supone, según ha dicho, el 77 por ciento de la deuda y ha recalcado que no se trata de una «concesión gratuita» sino que es «fruto de un buen trabajo de La Marina».

Así lo ha explicado el alcalde de la ciudad en declaraciones a los medios, tras la reunión que ha mantenido este jueves con el director general del Consorcio de La Marina Real de Valencia, Vicent Llorens, un encuentro que estaba convocado con antelación, pero que se produce justo un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que acordó esa medida.

Ribó ha indicado que, en los últimos dos años, La Marina «está trabajando bien», ya que sus ingresos han crecido un 62 por ciento, así como sus usuarios, que han aumentado en un 80%. Por esta razón, ha asegurado que el último balance, «dejando de lado las deudas, es un balance de ejecución anual en positivo».

Llorens, por su parte, ha expresado que La Marina «ya no es un problema de esta ciudad», sino que forma parte de «aquellas cosas que solucionan y posicionan a esta ciudad en materia de innovación empresarial, economía del conocimiento, náutica, gestión del espacio público abierto a la ciudadanía».

Asimismo, el director general ha explicado que el «gran reto» a partir de ahora son los tinglados 4 y 5 y el edificio DOCS, así como «posicionar a La Marina como un gran referente en materia de gestión de fondos públicos, de fondos europeos». A su juicio, la condonación de la deuda es una concesión «de justicia» con la ciudad de València, al tiempo que «valida» las políticas y proyectos que se están desarrollando».

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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