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Ribó ve que la condonación del 77% de la deuda de La Marina es un «paso de gigante» pero «insuficiente»

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VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que el anuncio de que el Estado asumirá 350 millones de la deuda de La Marina, contraída por el Consorcio Valencia 2007 para las obras de la America’s Cup, es un «paso de gigante» aunque cree que aún «insuficiente», por lo que considera que se debe seguir negociando. Este importe supone, según ha dicho, el 77 por ciento de la deuda y ha recalcado que no se trata de una «concesión gratuita» sino que es «fruto de un buen trabajo de La Marina».

Así lo ha explicado el alcalde de la ciudad en declaraciones a los medios, tras la reunión que ha mantenido este jueves con el director general del Consorcio de La Marina Real de Valencia, Vicent Llorens, un encuentro que estaba convocado con antelación, pero que se produce justo un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que acordó esa medida.

Ribó ha indicado que, en los últimos dos años, La Marina «está trabajando bien», ya que sus ingresos han crecido un 62 por ciento, así como sus usuarios, que han aumentado en un 80%. Por esta razón, ha asegurado que el último balance, «dejando de lado las deudas, es un balance de ejecución anual en positivo».

Llorens, por su parte, ha expresado que La Marina «ya no es un problema de esta ciudad», sino que forma parte de «aquellas cosas que solucionan y posicionan a esta ciudad en materia de innovación empresarial, economía del conocimiento, náutica, gestión del espacio público abierto a la ciudadanía».

Asimismo, el director general ha explicado que el «gran reto» a partir de ahora son los tinglados 4 y 5 y el edificio DOCS, así como «posicionar a La Marina como un gran referente en materia de gestión de fondos públicos, de fondos europeos». A su juicio, la condonación de la deuda es una concesión «de justicia» con la ciudad de València, al tiempo que «valida» las políticas y proyectos que se están desarrollando».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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