Madrid, 20 sep (OFFICIAL PRESS – EFE). La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado que los Gobiernos de varias comunidades autónomas, liderados por PP y Vox, están protagonizando «serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas. En concreto: «Aragón, la Comunitat Valenciana e Islas Baleares, según apuntan.

Según mantiene la federación en un comunicado, tras los avances que se han registrado en las últimas dos décadas en la independencia de varios medios públicos de los respectivos Gobiernos, actualmente se está produciendo «una auténtica marcha atrás».

Algo que es evidente, a su juicio, con las iniciativas que se están planteando para las radiotelevisiones públicas en Aragón y Baleares y, «pronto quizá», en la Comunitat Valenciana.

En Aragón, según detalla la federación, PP y Vox han presentado una proposición de ley para eliminar el concurso público a la hora de elegir a los máximos responsables de la radio y la televisión. Y así -dice- volver a su nombramiento directo «a dedo».
En Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta 2028, el Gobierno. Según explica, quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro.

Un cargo durante cuatro años sin coincidencia con la legislatura

Y FeSP considera positivo que ese cargo sea de cuatro años para que no coincida con una legislatura. Porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del Gobierno de turno, pero advierte de que Vox está pidiendo directamente su desaparición. Como propone también en Catalunya para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Agència Catalana de Notícies (ACN).

También en la Comunitat Valenciana, y tras el cierre de Canal Nou, el PP y Vox quieren modificar la ley que regula À Punt «con la excusa de lograr un ahorro económico», pero «más bien», en su opinión, «pretende acabar con el actual modelo de esa radiotelevisión pública».

Ante este panorama, los sindicatos manifiestan su «inquietud y preocupación». Exigen a estos Gobiernos que paralicen esas políticas «antidemocráticas». Contra las que lucharán para defender «la independencia profesional» y para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información «plural, veraz y rigurosa».