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Sindicatos de periodistas alertan de la «marcha atrás» en la independencia de los medios públicos

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nueva ley À Punt 
Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 20 sep (OFFICIAL PRESS – EFE). La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado que los Gobiernos de varias comunidades autónomas, liderados por PP y Vox, están protagonizando «serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas. En concreto: «Aragón, la Comunitat Valenciana e Islas Baleares, según apuntan.

Sindicatos de periodistas denuncian amenazas de «marcha atrás» y TV autonómicas

Según mantiene la federación en un comunicado, tras los avances que se han registrado en las últimas dos décadas en la independencia de varios medios públicos de los respectivos Gobiernos, actualmente se está produciendo «una auténtica marcha atrás».

Algo que es evidente, a su juicio, con las iniciativas que se están planteando para las radiotelevisiones públicas en Aragón y Baleares y, «pronto quizá», en la Comunitat Valenciana.

En Aragón, según detalla la federación, PP y Vox han presentado una proposición de ley para eliminar el concurso público a la hora de elegir a los máximos responsables de la radio y la televisión. Y así -dice- volver a su nombramiento directo «a dedo».
En Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta 2028, el Gobierno. Según explica, quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro.

Un cargo durante cuatro años sin coincidencia con la legislatura

Y FeSP considera positivo que ese cargo sea de cuatro años para que no coincida con una legislatura. Porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del Gobierno de turno, pero advierte de que Vox está pidiendo directamente su desaparición. Como propone también en Catalunya para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Agència Catalana de Notícies (ACN).

También en la Comunitat Valenciana, y tras el cierre de Canal Nou, el PP y Vox quieren modificar la ley que regula À Punt «con la excusa de lograr un ahorro económico», pero «más bien», en su opinión, «pretende acabar con el actual modelo de esa radiotelevisión pública».

Ante este panorama, los sindicatos manifiestan su «inquietud y preocupación». Exigen a estos Gobiernos que paralicen esas políticas «antidemocráticas». Contra las que lucharán para defender «la independencia profesional» y para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información «plural, veraz y rigurosa».

 

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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