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Sindicatos de periodistas alertan de la «marcha atrás» en la independencia de los medios públicos

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nueva ley À Punt 
Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 20 sep (OFFICIAL PRESS – EFE). La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado que los Gobiernos de varias comunidades autónomas, liderados por PP y Vox, están protagonizando «serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas. En concreto: «Aragón, la Comunitat Valenciana e Islas Baleares, según apuntan.

Sindicatos de periodistas denuncian amenazas de «marcha atrás» y TV autonómicas

Según mantiene la federación en un comunicado, tras los avances que se han registrado en las últimas dos décadas en la independencia de varios medios públicos de los respectivos Gobiernos, actualmente se está produciendo «una auténtica marcha atrás».

Algo que es evidente, a su juicio, con las iniciativas que se están planteando para las radiotelevisiones públicas en Aragón y Baleares y, «pronto quizá», en la Comunitat Valenciana.

En Aragón, según detalla la federación, PP y Vox han presentado una proposición de ley para eliminar el concurso público a la hora de elegir a los máximos responsables de la radio y la televisión. Y así -dice- volver a su nombramiento directo «a dedo».
En Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta 2028, el Gobierno. Según explica, quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro.

Un cargo durante cuatro años sin coincidencia con la legislatura

Y FeSP considera positivo que ese cargo sea de cuatro años para que no coincida con una legislatura. Porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del Gobierno de turno, pero advierte de que Vox está pidiendo directamente su desaparición. Como propone también en Catalunya para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Agència Catalana de Notícies (ACN).

También en la Comunitat Valenciana, y tras el cierre de Canal Nou, el PP y Vox quieren modificar la ley que regula À Punt «con la excusa de lograr un ahorro económico», pero «más bien», en su opinión, «pretende acabar con el actual modelo de esa radiotelevisión pública».

Ante este panorama, los sindicatos manifiestan su «inquietud y preocupación». Exigen a estos Gobiernos que paralicen esas políticas «antidemocráticas». Contra las que lucharán para defender «la independencia profesional» y para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información «plural, veraz y rigurosa».

 

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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