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Rivera, sobre la detención de Zaplana: «Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a estas malas noticias»

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MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha referido este martes a la detención del expresidente de la Comunitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, por un presunto delito de blanqueo de capitales: «Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a estas malas noticias», ha afirmado.

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Rivera ha señalado que el hecho de que un ex alto cargo acabe investigado y detenido «es una mala noticia para España en términos de corrupción y credibilidad» que afecta al crédito «de la política, de las instituciones y de la democracia».

«Nos estamos mal acostumbrando a que cada vez hay más casos de corrupción de esta naturaleza que afectan a cargos importantes del país», ha apuntado, para repasar el juicio por los ERE en Andalucía, la corrupción en Cataluña, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por el caso máster o el caso Gurtel, cuya sentencia está «al caer».

«Por darle una parte positiva –ha añadido Rivera–, están aflorando todos estos casos a pesar de los nombres que estamos viendo, que son muy importantes, y tenemos que empezar a mirar al futuro para corregir y tomar decisiones políticas y reformas para que España recupere también la credibilidad y la autoestima».

En esta misma línea se ha expresado su número dos, José Manuel Villegas, quien también considera «una nueva mala noticia» la detención de Zaplana que, a su juicio, evidencia «una etapa negra» de la corrupción del PP y el PSOE en España.

Una etapa de corrupción, ha apuntado en los pasillos del Congreso, a la que los españoles están deseando «pasar página» y abrir una nueva de «regeneración» y de «reformas» que les «enganche» y les «ilusione».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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