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Buscan a 11 implicados en un asalto de película en Valencia para un gran robo de criptos

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Robo criptos Valencia
Fotoilustración de un hombre mientras observa un sitio de intercambio de criptomonedas. Archivo/EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

València, 29 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- La Guardia Civil de Valencia ha detenido a dos personas y emitido once órdenes internacionales de búsqueda y detención por la implicación en una detención ilegal y posterior tortura de las víctimas, de las que lograron también transferir criptomonedas por un valor cercano a los 99.000 euros.

Todo ello comenzó durante una fiesta privada en un chalé de una exclusiva urbanización de la localidad valenciana de Cullera en agosto del año pasado y continuó en otra vivienda de València.

Asalto de película en Valencia

En concreto, la madrugada del 22 de agosto de 2023, agentes de la Guardia Civil fueron requeridos para investigar la desaparición de un ciudadano de nacionalidad ucraniana del que se desconocía su paradero tras haber acudido a un chalet de lujo de Cullera donde se celebraba una fiesta privada durante todo el fin de semana.

La fiesta había sido organizada por un ciudadano ucraniano que alquiló una villa en una exclusiva urbanización de Cullera a la que invitó a dos jóvenes compatriotas con un alto poder adquisitivo que residen en València.

Según ha informado la Guardia Civil este miércoles, estos jóvenes se dedican a invertir en criptomonedas, motivo por el que se trasformarían en víctimas.

Uno de los jóvenes acudió a la fiesta acompañado por un amigo ruso que se encontraba ocasionalmente de visita en España, pero la otra víctima finalmente decidió no acudir al evento.

Tras la celebración, en un momento dado, se produjo el asalto al chalet por parte de cuatro encapuchados, que localizaron al joven ucraniano y a su amigo ruso en sus respectivas habitaciones.

Los chicos fueron atados con bridas, les amordazaron con cinta americana y les anularon la visión colocándoles en la cabeza unas fundas de cojín. A continuación, fueron torturados hasta que proporcionaron las claves de acceso a los criptomonederos, de donde los asaltantes lograron transferir criptomonedas por valor de 107.207 dólares (98.774,10 euros)

Al mismo tiempo, un segundo grupo, compuesto por otras cuatro personas, accedieron al interior del domicilio de las víctimas en València y se llevaron contra su voluntad a otro amigo que se encontraba de visita en España.

Robo de criptomonedas en Valencia

El grupo de asaltantes del domicilio de València obtuvo otro dispositivo para el acceso a las criptomonedas e intentó localizar al segundo joven ucraniano que no acudió a la fiesta para obtener las claves de acceso a sus monederos virtuales.

Este joven empezó a sospechar de la extraña desaparición de su amigo y, a su vez, tampoco podía contactar con el que estaba en la fiesta de Cullera, por lo que decidió acudir al acuartelamiento para denunciar la desaparición de sus amigos.

Entre el denunciante y las patrullas consiguieron localizar el chalet pero los asaltantes ya habían huido, al igual que las víctimas, no así uno de sus compinches que era el encargado de limpiar la escena. Al verse sorprendido por las patrullas, fingió ser una víctima más del asalto atándose él mismo con bridas.

Durante la mañana fueron localizadas, en los extrarradios de Cullera, las dos víctimas del asalto al chalet y, posteriormente, a la altura de la localidad de Sollana, el tercero que fue sacado del domicilio de Valencia y que había sido abandonado por los autores en la carretera.

Tras ser auxiliados, se requirió asistencia médica para ellos, uno de los cuales presentaba signos de haber sido agredido violentamente  e incluso le habían arrancado una uña, por lo que fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado varios días en la UCI debido a las graves lesiones que le ocasionaron los asaltantes.

Gracias a la inspección ocular realizada por los agentes se pudo identificar el comercio donde los autores adquirieron los efectos para el asalto y tortura de las víctimas (como guantes, fundas de cojín, bridas, cinta americana y un sargento de apriete).

Fueron identificados ocho hombres y tres mujeres que hicieron de gancho, todos ellos de nacionalidad ucraniana, que viajaron expresamente desde diferentes países europeos a España para perpetrar este robo y que huyeron juntos al día siguiente de los hechos.

Éxito a través de la EUROPOL

El éxito en la labor de identificación fue fruto de la colaboración e intercambio de información a través de EUROPOL, así como con las autoridades ucranianas, pudiendo constatar que alguno de ellos ya contaba con antecedentes en su país de origen.

También se contó con la colaboración del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid, de cuya pericial se obtuvo información «de vital importancia» para conocer el destino de parte de las criptomonedas.

Los agentes de la Guardia Civil de Valencia procedieron a la detención del organizador de la fiesta y también de la falsa víctima, dos hombres de 43 y 44 años y de nacionalidad ucraniana.

Además, a la vista del resultado de la investigación, la autoridad judicial emitió las pertinentes órdenes internacionales de búsqueda y detención contra el resto de implicados en los hechos, los ocho hombres y las tres mujeres, a los que se les atribuyen dos delitos de detenciones ilegales, uno de robo con violencia y otro de pertenencia a grupo criminal. Del caso se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sueca (Valencia).

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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