La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha declarado este viernes como investigada por su gestión durante la DANA del 29 de octubre, que causó la muerte de 228 personas en la provincia de Valencia. La que fuera máxima responsable de Emergencias en ese momento ha defendido su actuación, ha señalado a los técnicos y ha exculpado de forma directa al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del supuesto retraso en el envío del mensaje Es Alert a la población.

«No hubo retraso»: Pradas niega errores en el aviso de emergencia

Durante su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa, Pradas ha asegurado que «no hubo retraso» en el envío del Es Alert de las 20:11 horas. Según su versión, el sistema aún estaba en fase de pruebas y se valoraron múltiples factores antes de activar el aviso: “Cuando se propuso, se hizo. El trámite tardó, pero nadie paró la medida ni esperó un visto bueno. Eso es falso”, afirmó.

Pradas ha insistido en que no se disponía de información suficiente, “porque se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo”. Asimismo, ha recalcado que el presidente Mazón no tuvo ninguna responsabilidad en el envío tardío del aviso: “Yo era quien representaba a la Generalitat en el Cecopi, y le mantenía informado en todo momento”, añadió.

«Solo llevaba tres meses en el cargo»: Pradas se escuda en su inexperiencia

Emoción, llamadas y estrategia procesal

La declaración comenzó a las 10:15 h, y Pradas optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado, según fuentes conocedoras de su comparecencia. Visiblemente afectada, la exconsellera rompió a llorar al comenzar su intervención y también al acceder a la Sala Tirant I, donde se celebran las declaraciones ante el elevado número de partes personadas.

Pradas alegó falta de experiencia, ya que llevaba solo tres meses en el cargo cuando ocurrieron los hechos. También aportó un listado de cien llamadas realizadas durante el 29 de octubre, incluyendo una al presidente Mazón, aunque no precisó ni el momento ni el contenido exacto de esa conversación.

El Es Alert, en el centro de la investigación judicial

Qué dice la jueza sobre el aviso de emergencia

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene en su auto que el Es Alert se envió tarde y de forma errónea, y que la DANA no fue un fenómeno imprevisto. De hecho, AEMET, la Universitat de València, el 112 y los medios de comunicación ya habían advertido con antelación sobre la gravedad del episodio meteorológico.

La jueza insiste en que el problema no fue la falta de información, sino que no se tomaron las decisiones necesarias a tiempo:

«No era necesario el consenso de las 29 personas del Cecopi. Bastaba con tomar la decisión de avisar a la población para que se resguardara en zonas altas», afirma la instructora.

También señala que el mensaje enviado fue “tardío e incompleto”, al limitarse a recomendar evitar desplazamientos, sin advertir del riesgo real de inundaciones graves.

¿Hubo apagón informativo? La jueza lo descarta tajantemente

La defensa institucional había alegado un supuesto apagón informativo, pero la jueza lo descarta con contundencia. Asegura que los responsables autonómicos disponían de información abundante y en tiempo real a través del sistema SAIH de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el 112 Comunitat Valenciana, y otras fuentes oficiales.

Además, recuerda que se enviaron correos electrónicos entre las 16:13 h y las 18:43 h detallando la evolución del caudal, y que se podían consultar todos los datos en el sistema de información hidrológica. Para la jueza, el problema fue no actuar pese a tener acceso a los datos disponibles.

La jueza ve a Pradas como máxima autoridad para proteger a la población

La instrucción sigue centrada en la cadena de mando de Emergencias

En su auto, la magistrada justifica la imputación de Salomé Pradas porque tenía atribuido el mando para ordenar medidas de autoprotección a la ciudadanía. También está imputado su número dos, el secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, por su papel relevante en la toma de decisiones.

En cambio, la jueza ha rechazado por el momento imputar a otros responsables del organigrama de la Generalitat ni al presidente de la CHJ, como reclamaban algunas acusaciones.

«La instrucción habrá de determinar las causas que hasta el momento no resultan explicables, ni para los familiares de los fallecidos ni para esta jueza», concluye el auto.

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