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Sánchez: «El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro»

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españa restricciones covid
EFE/Ballesteros

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que las comunidades autónomas tienen «amplios instrumentos» para hacer frente a la pandemia y ha afirmado que el estado de alarma «es el pasado» y que «hay que mirar al futuro», que es la vacunación, ha dicho.

Lo ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Moncloa junto al presidente argentino, Alberto Fernández, al ser preguntado por las peticiones de comunidades y oposición acerca del estado de alarma y qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara las medidas legales que están solicitando las comunidades.

«Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación», ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que ha pedido a la oposición «coherencia».

A su juicio, «no puede ser» que la oposición eche de menos ahora el estado de alarma cuando se opuso a ello en octubre, y ha señalado que una ley ordinaria -el PP defiende una ley de pandemias para dar seguridad jurídica a las comunidades- «no va a sustituir nunca la Constitución Española», algo, que es, ha opinado, de «primero de Derecho».

Para el jefe del Ejecutivo, en estos meses, con o sin estado de alarma, las comunidades junto con el Ministerio de Sanidad tienen «amplios instrumentos» para afrontar la pandemia junto con la vacunación.

En este sentido, ha señalado que se inicia una nueva etapa con la vacunación como uno de los ejes principales ya que ha insistido en que «estamos a 99 días» de conseguir que el 70 % de la población española esté vacunada, y por tanto de conseguir la inmunidad de grupo.

Asimismo, ha instado a continuar siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

«Estamos a 99 días de la inmunidad de grupo y por tanto lograr ese 70 % de la población vacunada, ese es el objetivo del Gobierno y, reitero, en el Consejo Interterritorial tienen los instrumentos para, con la vacunación, poder hacer frente con garantías, eficacia y contundencia al control de la pandemia en este momento en nuestro país», ha destacado Sánchez.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que el estado de alarma, instrumento jurídico que ha calificado de «acierto», es una circunstancia excepcional, que no podía mantenerse por tiempo indefinido, sino solo el imprescindible para contener la pandemia.

Tras recordar que cuando se decretó en octubre la incidencia acumulada era de 360 casos por cada 100.000 habitantes y ahora es de 189, ha subrayado que el escenario de la pandemia en España es «radicalmente diferente» y «contamos con un arsenal de vacunas».

«Son solo esos indicadores epidemiológicos los que nos permiten levantar el estado de alarma y animar a las comunidades a ejercer sus competencias», ha subrayado Montero, quien ha insistido en que estas no se circunscriben a limitar derechos fundamentales con el aval del poder judicial, sino que pueden aplicar una batería de medidas proporcionales a sus datos.

En este sentido, ha dicho que «probablemente no se pueda pasar del estado de alarma a que las discotecas estén abiertas hasta las tres de la mañana».

Preguntada si el Gobierno dará curso a un nuevo estado de alarma circunscrito a alguna comunidad autónoma si así lo pide el ejecutivo autónomo, Montero ha recordado que esta posibilidad legal está «a disposición» de los comunidades en aquellos casos en que los datos epidemiológicos lo justifiquen.

«Siempre hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas la capacidad del Gobierno de tramitar ese estado de alarma en el Congreso», ha garantizado.

Al margen de esta eventualidad, la portavoz del Gobierno ha expresado su «confianza» en el Poder Judicial y, en concreto, en el Tribunal Supremo, que está segura que actuará en consecuencia en el caso de que algún tribunal superior no avale las medidas restrictivas solicitadas por las comunidades.

Montero ha calificado la iniciativa legislativa del PP como uno de los «mayores ataques a las libertades de los ciudadanos registrados en el congreso».

Según Montero, el Gobierno considera fundamental que en la limitación de los derechos fundamentales operen dos poderes y la propuesta del PP «es un único artículo que deja exclusivamente a los gobiernos autonómicos esa potestad».

Además, ha alertado de que hasta que se alcance la vacunación del 70 % de la población en los próximos 99 días, «todos tenemos que mantenernos a raya porque nos jugamos mucho».

«Nos jugamos el volver a cifras de contagios que no queremos repetir, el perder a nuestros seres queridos cuando estamos llegando al final del túnel y el estresar al personal sanitario de nuevo, además de poner en peligro el ritmo de la recuperación económica y la llegada de turistas», ha aseverado Montero en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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