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Sánchez: «El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro»

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EFE/Ballesteros

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que las comunidades autónomas tienen «amplios instrumentos» para hacer frente a la pandemia y ha afirmado que el estado de alarma «es el pasado» y que «hay que mirar al futuro», que es la vacunación, ha dicho.

Lo ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Moncloa junto al presidente argentino, Alberto Fernández, al ser preguntado por las peticiones de comunidades y oposición acerca del estado de alarma y qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara las medidas legales que están solicitando las comunidades.

«Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación», ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que ha pedido a la oposición «coherencia».

A su juicio, «no puede ser» que la oposición eche de menos ahora el estado de alarma cuando se opuso a ello en octubre, y ha señalado que una ley ordinaria -el PP defiende una ley de pandemias para dar seguridad jurídica a las comunidades- «no va a sustituir nunca la Constitución Española», algo, que es, ha opinado, de «primero de Derecho».

Para el jefe del Ejecutivo, en estos meses, con o sin estado de alarma, las comunidades junto con el Ministerio de Sanidad tienen «amplios instrumentos» para afrontar la pandemia junto con la vacunación.

En este sentido, ha señalado que se inicia una nueva etapa con la vacunación como uno de los ejes principales ya que ha insistido en que «estamos a 99 días» de conseguir que el 70 % de la población española esté vacunada, y por tanto de conseguir la inmunidad de grupo.

Asimismo, ha instado a continuar siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

«Estamos a 99 días de la inmunidad de grupo y por tanto lograr ese 70 % de la población vacunada, ese es el objetivo del Gobierno y, reitero, en el Consejo Interterritorial tienen los instrumentos para, con la vacunación, poder hacer frente con garantías, eficacia y contundencia al control de la pandemia en este momento en nuestro país», ha destacado Sánchez.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que el estado de alarma, instrumento jurídico que ha calificado de «acierto», es una circunstancia excepcional, que no podía mantenerse por tiempo indefinido, sino solo el imprescindible para contener la pandemia.

Tras recordar que cuando se decretó en octubre la incidencia acumulada era de 360 casos por cada 100.000 habitantes y ahora es de 189, ha subrayado que el escenario de la pandemia en España es «radicalmente diferente» y «contamos con un arsenal de vacunas».

«Son solo esos indicadores epidemiológicos los que nos permiten levantar el estado de alarma y animar a las comunidades a ejercer sus competencias», ha subrayado Montero, quien ha insistido en que estas no se circunscriben a limitar derechos fundamentales con el aval del poder judicial, sino que pueden aplicar una batería de medidas proporcionales a sus datos.

En este sentido, ha dicho que «probablemente no se pueda pasar del estado de alarma a que las discotecas estén abiertas hasta las tres de la mañana».

Preguntada si el Gobierno dará curso a un nuevo estado de alarma circunscrito a alguna comunidad autónoma si así lo pide el ejecutivo autónomo, Montero ha recordado que esta posibilidad legal está «a disposición» de los comunidades en aquellos casos en que los datos epidemiológicos lo justifiquen.

«Siempre hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas la capacidad del Gobierno de tramitar ese estado de alarma en el Congreso», ha garantizado.

Al margen de esta eventualidad, la portavoz del Gobierno ha expresado su «confianza» en el Poder Judicial y, en concreto, en el Tribunal Supremo, que está segura que actuará en consecuencia en el caso de que algún tribunal superior no avale las medidas restrictivas solicitadas por las comunidades.

Montero ha calificado la iniciativa legislativa del PP como uno de los «mayores ataques a las libertades de los ciudadanos registrados en el congreso».

Según Montero, el Gobierno considera fundamental que en la limitación de los derechos fundamentales operen dos poderes y la propuesta del PP «es un único artículo que deja exclusivamente a los gobiernos autonómicos esa potestad».

Además, ha alertado de que hasta que se alcance la vacunación del 70 % de la población en los próximos 99 días, «todos tenemos que mantenernos a raya porque nos jugamos mucho».

«Nos jugamos el volver a cifras de contagios que no queremos repetir, el perder a nuestros seres queridos cuando estamos llegando al final del túnel y el estresar al personal sanitario de nuevo, además de poner en peligro el ritmo de la recuperación económica y la llegada de turistas», ha aseverado Montero en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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