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Sánchez: «El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro»

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españa restricciones covid
EFE/Ballesteros

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que las comunidades autónomas tienen «amplios instrumentos» para hacer frente a la pandemia y ha afirmado que el estado de alarma «es el pasado» y que «hay que mirar al futuro», que es la vacunación, ha dicho.

Lo ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Moncloa junto al presidente argentino, Alberto Fernández, al ser preguntado por las peticiones de comunidades y oposición acerca del estado de alarma y qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara las medidas legales que están solicitando las comunidades.

«Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación», ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que ha pedido a la oposición «coherencia».

A su juicio, «no puede ser» que la oposición eche de menos ahora el estado de alarma cuando se opuso a ello en octubre, y ha señalado que una ley ordinaria -el PP defiende una ley de pandemias para dar seguridad jurídica a las comunidades- «no va a sustituir nunca la Constitución Española», algo, que es, ha opinado, de «primero de Derecho».

Para el jefe del Ejecutivo, en estos meses, con o sin estado de alarma, las comunidades junto con el Ministerio de Sanidad tienen «amplios instrumentos» para afrontar la pandemia junto con la vacunación.

En este sentido, ha señalado que se inicia una nueva etapa con la vacunación como uno de los ejes principales ya que ha insistido en que «estamos a 99 días» de conseguir que el 70 % de la población española esté vacunada, y por tanto de conseguir la inmunidad de grupo.

Asimismo, ha instado a continuar siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

«Estamos a 99 días de la inmunidad de grupo y por tanto lograr ese 70 % de la población vacunada, ese es el objetivo del Gobierno y, reitero, en el Consejo Interterritorial tienen los instrumentos para, con la vacunación, poder hacer frente con garantías, eficacia y contundencia al control de la pandemia en este momento en nuestro país», ha destacado Sánchez.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que el estado de alarma, instrumento jurídico que ha calificado de «acierto», es una circunstancia excepcional, que no podía mantenerse por tiempo indefinido, sino solo el imprescindible para contener la pandemia.

Tras recordar que cuando se decretó en octubre la incidencia acumulada era de 360 casos por cada 100.000 habitantes y ahora es de 189, ha subrayado que el escenario de la pandemia en España es «radicalmente diferente» y «contamos con un arsenal de vacunas».

«Son solo esos indicadores epidemiológicos los que nos permiten levantar el estado de alarma y animar a las comunidades a ejercer sus competencias», ha subrayado Montero, quien ha insistido en que estas no se circunscriben a limitar derechos fundamentales con el aval del poder judicial, sino que pueden aplicar una batería de medidas proporcionales a sus datos.

En este sentido, ha dicho que «probablemente no se pueda pasar del estado de alarma a que las discotecas estén abiertas hasta las tres de la mañana».

Preguntada si el Gobierno dará curso a un nuevo estado de alarma circunscrito a alguna comunidad autónoma si así lo pide el ejecutivo autónomo, Montero ha recordado que esta posibilidad legal está «a disposición» de los comunidades en aquellos casos en que los datos epidemiológicos lo justifiquen.

«Siempre hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas la capacidad del Gobierno de tramitar ese estado de alarma en el Congreso», ha garantizado.

Al margen de esta eventualidad, la portavoz del Gobierno ha expresado su «confianza» en el Poder Judicial y, en concreto, en el Tribunal Supremo, que está segura que actuará en consecuencia en el caso de que algún tribunal superior no avale las medidas restrictivas solicitadas por las comunidades.

Montero ha calificado la iniciativa legislativa del PP como uno de los «mayores ataques a las libertades de los ciudadanos registrados en el congreso».

Según Montero, el Gobierno considera fundamental que en la limitación de los derechos fundamentales operen dos poderes y la propuesta del PP «es un único artículo que deja exclusivamente a los gobiernos autonómicos esa potestad».

Además, ha alertado de que hasta que se alcance la vacunación del 70 % de la población en los próximos 99 días, «todos tenemos que mantenernos a raya porque nos jugamos mucho».

«Nos jugamos el volver a cifras de contagios que no queremos repetir, el perder a nuestros seres queridos cuando estamos llegando al final del túnel y el estresar al personal sanitario de nuevo, además de poner en peligro el ritmo de la recuperación económica y la llegada de turistas», ha aseverado Montero en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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