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Sánchez ratifica tras levantar la alarma que no se necesitan reformas legales

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EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Atenas, 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este lunes, una vez levantado el estado de alarma, que las comunidades autónomas cuentan con todos los instrumentos necesarios para hacer frente a la situación sin necesidad de acometer reformas legales.

Sánchez, en una comparecencia en Atenas tras participar en un foro económico junto a su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, se ha referido al fin del estado de alarma y, ante las imágenes de aglomeraciones en las calles tras su finalización, ha instado a no bajar la guardia.

Los periodistas han pedido al jefe del Ejecutivo si podía aclarar si el Gobierno está abierto a alguna reforma legal después de las declaraciones realizadas al respecto por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

En una columna en «El País», Campo había señalado que «se estudiarán y se propondrán a las Cortes» cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que en última instancia debe decidir qué restricciones de derechos fundamentales puede aprobar un gobierno autonómico.

Campo ha aclarado después en La Sexta que no es que se esté preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales, insistiendo en que, aunque las comunidades no pueden adoptar este tipo de restricciones sin su paraguas, pueden pedirlo al Gobierno cuando así lo estimen conveniente.

«El ministro de Justicia ha sido claro en sus declaraciones», ha señalado Sánchez.

A renglón seguido ha añadido que el Gobierno tiene claro que todas las comunidades, en este momento de la pandemia, tienen los instrumentos suficientes para encarar la nueva situación.

Tras recordar que eso es lo que ha venido repitiendo, ha señalado que a lo largo de seis meses de estado de alarma se ha dado cobertura jurídica a algunas de las decisiones más duras que se han tenido que tomar entre todos, Gobierno y comunidades.

De la misma forma ha considerado que el Consejo Interterritorial cuenta con un acervo de medidas ante el coronavirus para hacer frente a cualquier aumento de contagios que pueda haber.

Tras recordar igualmente el ritmo de vacunación y el hecho de que en esta jornada se llega a seis millones de españoles con pauta completa, ha reiterado que en cien días se habrá conseguido la inmunidad de grupo al estar ya vacunada el 70 por ciento de la población.

Ese es el objetivo que, en su opinión, han de tener todos, Gobierno y comunidades, a las que ha asegurado que siempre van a tener al Ejecutivo junto a ellas para dar una respuesta conjunta a una crisis común.

Respecto a las imágenes en las calles de miles de personas celebrando el fin del estado de alarma, ha reconocido que ha sido duro tener determinadas restricciones durante seis meses.

Pero ha invitado a no bajar la guardia en ningún momento, tener presente que el virus sigue circulando y, por tanto, preservar las medidas de seguridad.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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