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Sánchez anuncia 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler a precio asequible

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la jornada de clausura de la Conferencia Municipal del PSOE, este domingo en Valencia. EFE/Kai Forsterling
Valencia (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20% la vivienda pública en España.

En la clausura de la conferencia municipal del partido, en Valencia, en la que los socialistas han fijado las bases para las elecciones de mayo, Sánchez ha asegurado que el Gobierno va a ir más allá, tras sacar adelante la primera ley de vivienda estatal, con un plan de medidas que se aprobarán la próxima semana.

El Consejo de Ministros aprobará poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas; impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb, según han informado fuentes del Gobierno.

La nueva Ley de Vivienda

Sánchez ha calificado como un «gran hito» la nueva ley de vivienda, que es un «logro», ha dicho, no sólo de la coalición de Gobierno progresista sino de la gente, porque hay muchos padres que viven el «auténtico problemón» que supone el acceso a la vivienda sobre todo entre los jóvenes.

«Es un problemón porque la vivienda en España es un derecho constitucional, pero no real, lo que hace que nuestros jóvenes tengan edades inaceptables para acceder a una vivienda y emanciparse», ha señalado el presidente, antes de remarcar que esta situación segrega a la sociedad por barrios.

Ha explicado que hay estudios que indican que un 70 % de la desigualdad de un país es producto de la dificultad de acceso a una vivienda digna y ha expuesto algunos datos que reflejan de manera «elocuente» el «drama que supone para las familias» los problemas en este ámbito.

En la Unión Europea de los 27, España es el cuarto país en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 45 % desde 2014 al 2021, porcentaje que llega al 11 % en el caso de la vivienda en propiedad.

España es, ha indicado además Sánchez, el tercer país de la UE que más viviendas vacías tiene y cuenta con solo un 3 % de vivienda pública, frente a una media en Europa del 9 % y con países que llegan al 20 %.

Sánchez anuncia 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler a precio asequible

Un porcentaje al que se ha comprometido a llegar y que servirá además para controlar mejor la evolución de los precios. «Eso es lo que quiero -ha dicho- para mi país, porque eso garantiza una mayor accesibilidad, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda y bajará la edad de emancipación».

Sánchez ha criticado además la política de vivienda del PP, un «rotundo fracaso» basada en convertir «un derecho en una mercancía» con tres ejes de base.

Primero, el «viejo mantra del neoliberalismo de liberalizar el suelo», lo que «cebó la burbuja» inmobiliaria y la especulación «además de los sobrecitos que implicaron la corrupción»; segundo, las bonificaciones fiscales que «solo beneficiaron a los promotores», y tercero, la «privatización a fondos buitres de viviendas públicas», ha concluido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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