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Sandra Gómez ‘planta’ a Ribó y no acudirá a la reunión para formar gobierno

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Sandra Gómez niega que llamara "puto chino" a Peter Lim

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha decidido que no acudirá este jueves a la cita con el alcalde en funciones, Joan Ribó, y que representa con diez concejales la lista más votada en el Ayuntamiento en las elecciones del 26M, al considerar que es una «falta de respeto» a los socialistas, partido con el que debe formar un nuevo gobierno de La Nau, que se reúna antes con otros candidatos de otras formaciones, en concreto, con el PP.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la candidatura de Gómez después de que se haya conocido que Ribó, nuevo primer edil de la ciudad por Compromís a partir de las elecciones municipales del pasado domingo, haya convocado desde este jueves al resto de candidatos de las otras formaciones que integrarán el Ayuntamiento en el próximo mandato junto a su coalición.

Las citas –con el objetivo de para darles la bienvenida al consistorio y hablar de la constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar el próximo 15 de junio– comenzarán con la representante del PP, María José Catalá, a las 10.30 horas, y estaba prevista la reunión con Gómez a las 11.30. El PSPV ha obtenido siete ediles en los comicios.

Gómez, que este mismo miércoles había defendido que para el PSPV es «innegociable» su propuesta de un liderazgo compartido con Joan Ribó y pedía «un poco de serenidad» durante la negociación y dejar «en segundo plano» los debates en torno al reparto de concejalías y al organigrama del nuevo gobierno, cree que esta decisión supone una «falta de respeto» al PSPV, un «menosprecio» y un «ninguneo», según señalan desde su candidatura.

«Vemos una falta de respeto que en la ronda de contactos la primera foto que sea haga sea con Catalá, menospreciando al partido con el que debe formar gobierno», insisten y sostienen que se había cerrado el día y la hora y se buscaba un «sitio neutral» para la primera reunión tras los comicios y la que debe sentar las bases para comenzar los trabajos del nuevo gobiernos y «que no fuera el despacho del alcalde».

Por tanto, han hecho hincapié en que no acudirán a la cita porque no se ha hecho «en los términos que se planteaban puesto que no somos un partido más, sino con el que debe formar gobierno», al tiempo que sostienen que esta situación no se ha producido «nunca». Como ejemplo, citan el caso de otras instituciones, como las negociaciones en la Generalitat para el Botànic II.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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