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Sandra Gómez ‘planta’ a Ribó y no acudirá a la reunión para formar gobierno

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Sandra Gómez niega que llamara "puto chino" a Peter Lim

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha decidido que no acudirá este jueves a la cita con el alcalde en funciones, Joan Ribó, y que representa con diez concejales la lista más votada en el Ayuntamiento en las elecciones del 26M, al considerar que es una «falta de respeto» a los socialistas, partido con el que debe formar un nuevo gobierno de La Nau, que se reúna antes con otros candidatos de otras formaciones, en concreto, con el PP.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la candidatura de Gómez después de que se haya conocido que Ribó, nuevo primer edil de la ciudad por Compromís a partir de las elecciones municipales del pasado domingo, haya convocado desde este jueves al resto de candidatos de las otras formaciones que integrarán el Ayuntamiento en el próximo mandato junto a su coalición.

Las citas –con el objetivo de para darles la bienvenida al consistorio y hablar de la constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar el próximo 15 de junio– comenzarán con la representante del PP, María José Catalá, a las 10.30 horas, y estaba prevista la reunión con Gómez a las 11.30. El PSPV ha obtenido siete ediles en los comicios.

Gómez, que este mismo miércoles había defendido que para el PSPV es «innegociable» su propuesta de un liderazgo compartido con Joan Ribó y pedía «un poco de serenidad» durante la negociación y dejar «en segundo plano» los debates en torno al reparto de concejalías y al organigrama del nuevo gobierno, cree que esta decisión supone una «falta de respeto» al PSPV, un «menosprecio» y un «ninguneo», según señalan desde su candidatura.

«Vemos una falta de respeto que en la ronda de contactos la primera foto que sea haga sea con Catalá, menospreciando al partido con el que debe formar gobierno», insisten y sostienen que se había cerrado el día y la hora y se buscaba un «sitio neutral» para la primera reunión tras los comicios y la que debe sentar las bases para comenzar los trabajos del nuevo gobiernos y «que no fuera el despacho del alcalde».

Por tanto, han hecho hincapié en que no acudirán a la cita porque no se ha hecho «en los términos que se planteaban puesto que no somos un partido más, sino con el que debe formar gobierno», al tiempo que sostienen que esta situación no se ha producido «nunca». Como ejemplo, citan el caso de otras instituciones, como las negociaciones en la Generalitat para el Botànic II.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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