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Sanidad avisa ahora del importante avance de la cepa británica en estas comunidades autónomas

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Madrid, 26 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de 267 casos confirmados de la variante británica en nuestro país y ha advertido del «importante» incremento que se está detectando en algunas comunidades autónomas, «donde además se ha producido transmisión secundaria».

Así consta en la actualización del documento «Circulación de VOC 202012/01 (B.1.1.7) y otras variantes de SARS-CoV-2 de interés para la salud pública en España», en la que confirma la existencia de un caso confirmado de la variante sudafricana y ninguno de la brasileña.

Hasta hoy, hay confirmados 267 casos, la mayoría relacionados epidemiológicamente con el Reino Unido, aunque algunas comunidades han comunicado positivos en los que no se ha podido establecer, por el momento, un vínculo epidemiológico. Además, la variante se ha detectado en aguas residuales de Granada el pasado 17 de diciembre.

El documento avisa de que «varias comunidades han comunicado aumentos muy rápidos de la incidencia de la variante»; del total de casos, 59 se han diagnosticado en Madrid; 45 en Andalucía; 29 en Cantabria; 25 en Baleares y otros tantos en la Comunidad Valenciana; 16 en Asturias; 15 en Murcia; 14 en Castilla-La Mancha; 9 en Castilla y León y País Vasco; 7 en Extremadura y Galicia; 6 en Navarra y 1 en Cataluña.

La Comunidad de Madrid -añade- ha estimado la proporción de variantes sin gen S respecto al resto de variantes en infectados de SARS-CoV-2 detectados en esta región: en la semana 51 de 2020 esta proporción sería del 0,5 % del total de casos, en la semana 2 de 2021 alcanzaría el 4 %, y en la semana 3, el 9 %.

Además, se están investigando otros casos sospechosos, cuyas muestras están siendo secuenciadas por el Centro Nacional de Microbiología y los laboratorios designados de las comunidades; Islandia ha comunicado asimismo la detección de 4 casos positivos con esta variante en turistas procedentes de Canarias.

Esta primera actualización del informe, que fue publicado el pasado viernes, recoge los últimos datos del Servicio de Salud Pública inglés y apunta que, de acuerdo con la evidencia disponible, la variante británica «está asociada a una mayor capacidad de transmisión», lo cual «puede condicionar una mayor incidencia de la enfermedad en los lugares donde circule y no se apliquen estrictamente las medidas de prevención de la infección».

«Aunque no parece estar asociada a una mayor virulencia, sí podría observarse un aumento de casos graves y hospitalizaciones si se produce un aumento de la incidencia», advierte.

Los contagiados con esta variante, además, «parecen tener mayor riesgo de padecer una enfermedad más grave», pero «no afecta, en principio, a la efectividad de la inmunidad natural o la inducida por las vacunas».

Ante todo ello, Sanidad recomienda detectar de forma precoz la circulación de la variante mediante secuenciación genómica en grupos diana y determinación de la incidencia de casos de la variante en la población; disponer de una red de laboratorios con capacidad de secuenciación integrados dentro del sistema de vigilancia epidemiológica.

También aplicar medidas de control no farmacológicas ya utilizadas para la contención del SARS-CoV-2 «de forma intensificada en personas que presenten estas variables de interés y en aquellas con vínculos epidemiológicos conocidos» con zonas donde esté circulando la variante, así como restringir los viajes a estas áreas e implementar medidas de control reforzadas para los viajeros procedentes de las mismas.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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