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Sanidad dice ahora que «la cepa británica es más transmisible pero no agrava la enfermedad»

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Madrid, 22 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha advertido de que la variante británica del coronavirus tiene un mayor riesgo de transmisión, si bien las personas contagiadas «no tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave» ni afecta a la inmunidad natural ni eficacia de las vacunas.

Así consta en el documento «Circulación de VOC 202012/01 (B.1.1.7) y otras variantes de SARS-CoV-2 de interés para la salud pública en España» elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) junto con expertos del Centro Nacional de Microbiología, Laboratorio de Virus Respiratorios y Gripe, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) y la Universidad de Valencia y FISABIO.

El informe recoge toda la evidencia científica sobre la variante aparecida en Reino Unido y también en Sudáfrica y Brasil, de las que, al contrario que la primera, por el momento no se ha detectado ningún caso en nuestro país.

La británica «implica un mayor riesgo de transmisión, lo que podría condicionar un aumento de la incidencia de casos» de coronavirus y, aunque «el impacto sobre la presión asistencial este momento se considera bajo, podría llegar a ocasionar un mayor número de ingresos de forma proporcional al aumento de la incidencia», advierte.

Además, «el riesgo de nuevas introducciones y diseminación se considera muy alto». Pero «con la información disponible en este momento, el riesgo de reinfecciones por esta variante así como la reducción de la efectividad vacunal se considera bajo».

No obstante, las personas infectadas con esta variante «no tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave»; la cepa británica «tampoco parece afectar a la eficacia de la inmunidad natural y, por el momento, no hay evidencias de que afecte de forma importante a la efectividad de las vacunas».

Según el informe, que apunta que la variante estaba presente en aguas residuales de Granada el 17 de diciembre, doce comunidades han comunicado 157 casos: Andalucía (37), Madrid (28), Baleares (25), Comunidad Valenciana (6), País Vasco (9), Navarra (4), Castilla-La Mancha (13), Castilla y León (7), Asturias (16), Cataluña (1), Murcia (6) y Galicia (6).

También se están investigando otros casos sospechosos cuyas muestras están siendo secuenciadas por el Centro Nacional de Microbiología y los laboratorios designados por las autonomías; además, Islandia ha comunicado 4 casos positivos con la variante británica en turistas procedentes de Canarias.

La mayoría de los casos, relata el documento, están relacionados epidemiológicamente con el Reino Unido, «pero algunas comunidades han comunicado casos en los que no se ha podido establecer» ese vínculo, como son Madrid, (9 casos), la Comunidad Valenciana (2) y el País Vasco (3).

Al margen de la británica, el CCAES informa de las otras dos cepas también están asociadas a un aumento de transmisibilidad.

El 18 de diciembre de 2020, Sudáfrica anunció la detección de una nueva variante denominada 501Y.V2 (B.1.351), que «ha desplazado» a las otras que circulaban por este país desde el mes de noviembre, «lo que indica que puede tener una mayor capacidad de transmisión, sin que haya habido evidencia de mayor virulencia».

A 18 de enero, se habían confirmado 447 casos en Sudáfrica, 54 en Reino Unido, 6 en Botswana, 5 en Australia y otros 5 en Alemania, 3 en Irlanda, 2 en Francia y otros tantos en Suiza y Finlandia, y 1 en Noruega, Corea del Sur, Suecia y Países Bajos.

Paralelamente, Japón ha identificado a principios de enero una nueva variante en cuatro personas procedentes de la Amazonía en Brasil, país que también ha trasladado a mediados de diciembre la presencia de la misma en la región de Manaos, «por lo que la dirección de transmisión se supone haya sido desde Brasil a Japón».

En estos momentos, añade, se está estudiando el efecto de esta combinación sobre la transmisibilidad y la capacidad de neutralización de los anticuerpos.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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