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Sanidad dice ahora que «la cepa británica es más transmisible pero no agrava la enfermedad»

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Madrid, 22 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha advertido de que la variante británica del coronavirus tiene un mayor riesgo de transmisión, si bien las personas contagiadas «no tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave» ni afecta a la inmunidad natural ni eficacia de las vacunas.

Así consta en el documento «Circulación de VOC 202012/01 (B.1.1.7) y otras variantes de SARS-CoV-2 de interés para la salud pública en España» elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) junto con expertos del Centro Nacional de Microbiología, Laboratorio de Virus Respiratorios y Gripe, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) y la Universidad de Valencia y FISABIO.

El informe recoge toda la evidencia científica sobre la variante aparecida en Reino Unido y también en Sudáfrica y Brasil, de las que, al contrario que la primera, por el momento no se ha detectado ningún caso en nuestro país.

La británica «implica un mayor riesgo de transmisión, lo que podría condicionar un aumento de la incidencia de casos» de coronavirus y, aunque «el impacto sobre la presión asistencial este momento se considera bajo, podría llegar a ocasionar un mayor número de ingresos de forma proporcional al aumento de la incidencia», advierte.

Además, «el riesgo de nuevas introducciones y diseminación se considera muy alto». Pero «con la información disponible en este momento, el riesgo de reinfecciones por esta variante así como la reducción de la efectividad vacunal se considera bajo».

No obstante, las personas infectadas con esta variante «no tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave»; la cepa británica «tampoco parece afectar a la eficacia de la inmunidad natural y, por el momento, no hay evidencias de que afecte de forma importante a la efectividad de las vacunas».

Según el informe, que apunta que la variante estaba presente en aguas residuales de Granada el 17 de diciembre, doce comunidades han comunicado 157 casos: Andalucía (37), Madrid (28), Baleares (25), Comunidad Valenciana (6), País Vasco (9), Navarra (4), Castilla-La Mancha (13), Castilla y León (7), Asturias (16), Cataluña (1), Murcia (6) y Galicia (6).

También se están investigando otros casos sospechosos cuyas muestras están siendo secuenciadas por el Centro Nacional de Microbiología y los laboratorios designados por las autonomías; además, Islandia ha comunicado 4 casos positivos con la variante británica en turistas procedentes de Canarias.

La mayoría de los casos, relata el documento, están relacionados epidemiológicamente con el Reino Unido, «pero algunas comunidades han comunicado casos en los que no se ha podido establecer» ese vínculo, como son Madrid, (9 casos), la Comunidad Valenciana (2) y el País Vasco (3).

Al margen de la británica, el CCAES informa de las otras dos cepas también están asociadas a un aumento de transmisibilidad.

El 18 de diciembre de 2020, Sudáfrica anunció la detección de una nueva variante denominada 501Y.V2 (B.1.351), que «ha desplazado» a las otras que circulaban por este país desde el mes de noviembre, «lo que indica que puede tener una mayor capacidad de transmisión, sin que haya habido evidencia de mayor virulencia».

A 18 de enero, se habían confirmado 447 casos en Sudáfrica, 54 en Reino Unido, 6 en Botswana, 5 en Australia y otros 5 en Alemania, 3 en Irlanda, 2 en Francia y otros tantos en Suiza y Finlandia, y 1 en Noruega, Corea del Sur, Suecia y Países Bajos.

Paralelamente, Japón ha identificado a principios de enero una nueva variante en cuatro personas procedentes de la Amazonía en Brasil, país que también ha trasladado a mediados de diciembre la presencia de la misma en la región de Manaos, «por lo que la dirección de transmisión se supone haya sido desde Brasil a Japón».

En estos momentos, añade, se está estudiando el efecto de esta combinación sobre la transmisibilidad y la capacidad de neutralización de los anticuerpos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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