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Sanidad estudia retirar esta semana la mascarilla en el transporte público

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Sanidad estudia retirar esta semana la mascarilla en el transporte público
Archivo/ EFE/Kai Försterling
Un usuario del metro de València con mascarillaARchivo/EFE/Biel Aliño

Semana clave para poner fin, al menos de momento, a la pandemia y regresar de pleno a la normal, salvo algunas excepciones.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán en las próximas horas (mañana, en el Consejo Interterritorial de Salud, y el jueves, en la Comisión de Salud Pública) para decidir si se elimina la obligación de llevar mascarillas en el interior de los transportes públicos, una obligatoriedad que se modificará por una recomendación

Los epidemiólogos de Sanidad consideran que no tiene sentido esta obligación con los datos actuales de incidencia.

Sobre todo cuando cuando la mayoría de los ciudadanos están participando de actos y eventos multitudinarios donde no es preciso llevar esta prenda. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra y se ha remitido como es habitual a la recomendación que les transmitan los expertos de su departamento, incluido el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón.

Así lo han pedido algunas comunidades, entre ellas Madrid o Castilla y León, pero también expertos en salud pública que consideran que la situación epidemiológica, con una incidencia a 14 días en mayores de 60 años que sigue descendiendo (129 casos por 100.000 habitantes) y se prevé continuará así en los próximos días. Y, sobre todo, por la escasa incidencia en los hospitales y las ucis.

Estas cifras, aseguran, justifican eliminar la obligación de llevar mascarillas en los transportes públicos, una medida que siempre puede “regresar” si la situación epidemiológica cambia, advierten las mismas fuentes.

 

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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