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Sanidad estudia retirar esta semana la mascarilla en el transporte público

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Sanidad estudia retirar esta semana la mascarilla en el transporte público
Archivo/ EFE/Kai Försterling
Un usuario del metro de València con mascarillaARchivo/EFE/Biel Aliño

Semana clave para poner fin, al menos de momento, a la pandemia y regresar de pleno a la normal, salvo algunas excepciones.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán en las próximas horas (mañana, en el Consejo Interterritorial de Salud, y el jueves, en la Comisión de Salud Pública) para decidir si se elimina la obligación de llevar mascarillas en el interior de los transportes públicos, una obligatoriedad que se modificará por una recomendación

Los epidemiólogos de Sanidad consideran que no tiene sentido esta obligación con los datos actuales de incidencia.

Sobre todo cuando cuando la mayoría de los ciudadanos están participando de actos y eventos multitudinarios donde no es preciso llevar esta prenda. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra y se ha remitido como es habitual a la recomendación que les transmitan los expertos de su departamento, incluido el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón.

Así lo han pedido algunas comunidades, entre ellas Madrid o Castilla y León, pero también expertos en salud pública que consideran que la situación epidemiológica, con una incidencia a 14 días en mayores de 60 años que sigue descendiendo (129 casos por 100.000 habitantes) y se prevé continuará así en los próximos días. Y, sobre todo, por la escasa incidencia en los hospitales y las ucis.

Estas cifras, aseguran, justifican eliminar la obligación de llevar mascarillas en los transportes públicos, una medida que siempre puede “regresar” si la situación epidemiológica cambia, advierten las mismas fuentes.

 

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Begoña Gómez solicita aplazar su declaración ante el juez Peinado debido a un compromiso

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Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

La esposa del presidente del Gobierno pide fijar una nueva fecha debido a un compromiso previo en Arona, Tenerife.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado una solicitud ante el juez Juan Carlos Peinado para suspender la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, prevista inicialmente para el próximo 11 de septiembre de 2025.

El motivo alegado en el escrito es que ese mismo día Begoña Gómez tiene fijado otro señalamiento judicial en Arona, Tenerife, lo que imposibilita su comparecencia ante el juzgado que instruye la causa en cuestión. El abogado ha pedido formalmente que se fije una nueva fecha para la declaración, asegurando que la interesada cumplirá con sus obligaciones judiciales en cuanto sea posible.


Contexto del procedimiento

La declaración se produce en el marco de un procedimiento judicial en el que Begoña Gómez figura como investigada. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el objeto de la investigación ni sobre las diligencias previas. La solicitud de aplazamiento ha sido presentada ante el juez Peinado, encargado de la instrucción.


Próximos pasos

La decisión sobre el aplazamiento y fijación de nueva fecha depende del juez, quien evaluará la compatibilidad de la agenda de la investigada con los plazos procesales. Este procedimiento judicial sigue en curso, y cualquier cambio en el calendario será comunicado oficialmente por el juzgado.

 

Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.

La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.

Las diligencias y pruebas clave

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.

Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.

Contexto político y judicial

La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.

De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

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