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Sanidad no descarta aumentar a diez el máximo de personas reunidas en Navidad

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Madrid, 1 dic (EFE).- El Ministerio de Sanidad no descarta aumentar de seis a diez el número máximo de personas que podrían reunirse en las próximas fiestas navideñas, tal y como le han pedido algunas comunidades autónomas en el marco de las medidas que se prevén poner en marcha para evitar los contagios por coronavirus.

El departamento que dirige Salvador Illa y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud para intentar consensuar las recomendaciones ante la Navidad.

La propuesta inicial de Sanidad que dio a conocer hace una semana pasa por limitar las reuniones a un máximo de seis personas y retrasar hasta la 01:00 la limitación a la movilidad nocturna en Nochevieja y Navidad, no celebrar Cabalgatas de Reyes, así como ampliar las visitas a las residencias y realizar al interno pruebas diagnósticas a su regreso extremando la prevención y vigilancia.

Fuentes de Gobierno han subrayado que la intención es lograr el máximo acuerdo posible en la reunión y, por ello, no se cierran a ser flexibles en unas medidas que recuerdan que son finalmente las comunidades las que van a aplicarlas.

Por ello, se remiten a la negociación en el Consejo Interterritorial y no cierran la puerta a que finalmente la limitación de personas se aumente a diez.

Es lo que han pedido por ejemplo para días específicos de las fiestas navideñas comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco, mientras que la Comunidad Valenciana apuesta por permitir reuniones sociales con un máximo de seis personas y ampliar a diez las reuniones familiares.

Las fuentes citadas recuerdan que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la pasada semana un acuerdo entre las comunidades respecto a las limitaciones para Navidad y emplazó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para fijar las decisiones definitivas.

Sí recalcó que el número de seis propuesto por el Gobierno no es caprichoso, sino que responde a los consejos de los profesionales sanitarios y la ciencia para que no vuelva a aumentar la curva de contagios.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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