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Se hace pasar por marine estadounidense para estafar más de 1 millón de euros

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Se hace pasar por marine estadounidense para estafar más de 1 millón de euros
EFE/ Domenech Castelló/Archivo
Marines estadounidenses durante un ejercicio militar. EFE/Vassil Donev/Archivo

Alicante, 20 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre nigeriano de 27 años que se hizo pasar en internet por un marine estadounidense para engañar a una víctima alicantina que le envió más de 835.000 euros, una suma de dinero que salía de España convertida en bitcoins hacia Malasia e Indonesia y con un método con el que estafó a más de veinte personas de diez países distintos.

El cuerpo policial, que ha destacado que esta ha sido una de las mayores operaciones en el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea, ha explicado que hay 16 detenidos, 15 de ellos en Palma de Mallorca, así como que casi todos ellos ejercían de ‘mulas’ del cabecilla para enviar el dinero hacia otros países.

La principal víctima denunció haber perdido 835.000 euros

La investigación se inició en Alicante cuando la principal víctima denunció haber perdido 835.000 euros por un engaño amoroso, una cantidad que había enviado a través de 75 transferencias bancarias, habiéndole entregado todos sus ahorros y llegando incluso a solicitar préstamos personales.

El entramado criminal se ganaba la confianza de las víctimas a través de perfiles falsos en páginas de citas y hacían creer a las víctimas que estaban manteniendo una ciberrelación con un marine de los Estados Unidos destinado en el extranjero.

Realizaban multitud de vídeollamadas con el supuesto militar, que no dejaba de ser un mero actor, y que servían para engañar durante años a la víctima, con la creencia de que llegarían a formalizar algún día una relación sentimental.

Durante todo ese tiempo, el falso marine utilizaba todo tipo de pretextos y excusas para solicitarle dinero, tales como pago de tasas, certificados, billetes de avión, seguridad para su vida o sobornos para estafarle.

La víctima le entregó todos sus ahorros, llegando incluso a solicitar préstamos personales para obtener más dinero y poder transferírselo, llevando a cabo 75 transferencias bancarias, en su mayoría con destino a Malasia, Indonesia y España.

Asimismo, y fruto de la desesperación, la víctima le envió un paquete a través de una empresa de mensajería, conteniendo gran cantidad de dinero en metálico.

Organización criminal

Los agentes rastrearon durante meses el dinero de la víctima, llegando a la conclusión de que se encontraban ante una organización criminal compuesta por ciberdelincuentes especializados en el engaño online en toda Europa.

Así, la Policía Nacional ha localizado hasta el momento cerca de una veintena de víctimas en Lituania, Alemania, Italia, Rumanía, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Croacia, además de en España, en un fraude que supera con creces el millón de euros, que se convertía en bitcoins con destino Malasia e Indonesia.

La organización había articulado todo un entramado criminal compuesto por «mulas» que se dedicaban a recibir en sus cuentas bancarias el dinero procedente de las ciberestafas para, posteriormente, darle salida a través de un escalón superior de la organización, mediante transferencias bancarias al extranjero, concretamente a Malasia e Indonesia.

Los investigadores siguieron el rastro del dinero hasta Málaga, donde detuvieron a uno de los cabecillas de la organización a primeros del mes de mayo, llevando a cabo un registro domiciliario donde se intervino material informático que permitió a los agentes continuar con la investigación.

Tras ello, a principios de octubre, los investigadores concluyeron con la desarticulación completa del entramado, deteniendo en Mallorca al líder de la organización criminal asentada en España y practicándose varios registros domiciliarios en distintas viviendas de la isla balear.

Joven de 27 años de nacionalidad nigeriana

Se trata de un joven de 27 años de nacionalidad nigeriana, que orquestaba a los otros 14 detenidos, «mulas» encargadas de recibir el dinero de los engaños amorosos y enviarlo al extranjero con destino Malasia e Indonesia.

En la ciudad de Málaga se llevó a cabo otro registro domiciliario donde se intervino gran cantidad de material informático, el cual se encuentra pendiente de analizar, y que podría esclarecer una gran cantidad de ciberestafas cometidas en toda la Unión Europea.

De igual forma se intervinieron multitud de terminales móviles y tarjetas de prepago que utilizaría la organización para contactar con sus víctimas sin dejar rastro, así como documentación falsificada que utilizaba el líder de la organización para hacerse pasar por diferentes personas.

Con esta operación la Policía Nacional ha logrado esclarecer más de 25 delitos de estafa cometidos por toda Europa mediante esta modalidad delictiva conocida como engaño amoroso.

Los 16 detenidos, con edades comprendidas entre los 19 y 31 años y de nacionalidades nigeriana, mexicana, rumana, española, colombiana, dominicana y cubana, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

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Castigos, intimidación y jornadas de seis horas: la Generalitat cierra el polémico centro de menores de Aspe

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La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, un centro situado en el entorno rural de Aspe (Alicante) que durante alrededor de dos décadas ha acogido a menores neerlandeses con problemas de conducta. La decisión se produce después de una investigación sobre los métodos utilizados con los adolescentes y tras constatar que la instalación no disponía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como centro de servicios sociales.

El centro se encuentra en el foco de la polémica después de que una investigación de la televisión pública neerlandesa y posteriores informes recogieran denuncias sobre supuestos castigos, restricciones y medidas consideradas coercitivas contra algunos de los menores. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida como castigo, inmovilizaciones físicas y jornadas de actividades de hasta seis horas.

Denuncias de castigos y jornadas de trabajo

Las primeras denuncias conocidas se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para explicar las condiciones que, según sus testimonios, habían vivido durante su estancia en Huize Soria.

Posteriormente se encargó una investigación independiente a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Sus conclusiones describieron una “cultura represiva” en el centro y cuestionaron algunas de las medidas restrictivas aplicadas a los jóvenes.

Entre las prácticas denunciadas aparecen la reducción de la cantidad de comida, obligar a algunos jóvenes a permanecer sentados sobre un poste y actuaciones físicas para inmovilizarlos. También se han denunciado restricciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores y el uso intimidatorio de un perro de seguridad.

Los jóvenes también describieron jornadas de hasta seis horas realizando tareas como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas actividades como parte de su programa basado en el trabajo, la disciplina, el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales.

La Generalitat detecta que el centro no tenía autorización

La investigación también puso el foco en la situación administrativa de Huize Soria. La Conselleria de Servicios Sociales envió a su servicio de inspección para comprobar qué actividad se desarrollaba en las instalaciones y requirió a los responsables la documentación necesaria para acreditar su funcionamiento.

La Generalitat constató que Huize Soria no constaba como centro autorizado para prestar servicios sociales, según la información publicada sobre la inspección. Ante esta situación, la Administración valenciana ha ordenado el cese de la actividad y contempla las actuaciones administrativas y legales que correspondan si no se cumple la orden.

Un centro con 20 años de actividad en Aspe

Huize Soria llevaba aproximadamente 20 años vinculado a Aspe y por sus instalaciones habrían pasado alrededor de 265 menores neerlandeses.

El proyecto estaba dirigido a adolescentes con problemas de conducta y, en algunos casos, con antecedentes relacionados con adicciones. Las estancias podían prolongarse entre uno y dos años y el programa combinaba disciplina, actividad física, contacto con animales y tareas en el entorno rural.

El centro también había establecido vínculos con colectivos de la localidad. Según la información publicada, la finca había colaborado con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe, que acudían a las instalaciones para realizar actividades con los menores y los animales.

El Ayuntamiento de Aspe ha señalado que durante las últimas dos décadas no había tenido conocimiento de problemas graves relacionados con el funcionamiento de Huize Soria y que los incidentes que habían trascendido estaban relacionados principalmente con cuestiones disciplinarias o alguna fuga.

Huize Soria rechaza las acusaciones

La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones sobre sus métodos y defiende el trabajo realizado con jóvenes vulnerables.

La entidad sostiene que mantiene una relación abierta con la localidad de Aspe y que sus instalaciones han acogido a vecinos, estudiantes y profesores, además de colaborar con organizaciones locales. También sostiene que las informaciones difundidas no reflejan adecuadamente el trabajo realizado por sus profesionales.

Según la investigación neerlandesa, algunos organismos de protección de menores retiraron a jóvenes del centro después de conocer las denuncias. Aun así, otras organizaciones continuaron realizando derivaciones durante un tiempo.

El caso también afecta a los traslados desde Países Bajos

La polémica no se limita a las condiciones del centro. La investigación neerlandesa también puso el foco en los procedimientos utilizados para trasladar a menores desde Países Bajos a España.

Desde 2022, los traslados transfronterizos de menores dentro de la Unión Europea requieren el consentimiento previo de las autoridades del país de destino en determinados supuestos. Una investigación neerlandesa señaló que algunas organizaciones realizaron derivaciones a Huize Soria sin contar con esa autorización.

La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ) había recibido información sobre las denuncias, aunque no tiene competencias para inspeccionar directamente centros situados fuera del país. Según la investigación de Nieuwsuur, su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remontaba a 2016.

La actuación de la Generalitat abre ahora una nueva fase administrativa sobre la situación del centro en Aspe, mientras continúan examinándose las denuncias sobre las condiciones en las que permanecieron algunos de los menores.

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