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Simón sobre la segunda dosis de AstraZeneca: «Aún hay tiempo para decidir»

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mosquito alert app Fernando Simón
Madrid, 26 abr (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado este lunes que aún hay margen de tiempo para decidir si los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca recibirán la segunda dosis de esta marca como ha recomendado la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Así ha respondido en rueda de prensa al ser preguntado por si a los menores de esta edad que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca a principios de febrero se les ofrecerá la segunda, después de que la EMA recomendara el pasado viernes completar la pauta con esta vacuna en el plazo que establece su ficha técnica -entre 10 y 12 semanas- y no alternar con otras.

«Las 12 semanas se pueden extender todavía un poco más, no hay problema por ponerla un poco más tarde; no se ha tomado todavía una decisión sobre si se va a poner una segunda dosis de Astrazeneca, pero creo que, teniendo todavía margen de tiempo y estudios en marcha, todavía podemos esperar», ha argumentado.

Uno de ellos es el impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, CombiVacs, el primer ensayo clínico realizado en España, que analizará en 600 personas la posibilidad de administrar una segunda dosis de Pfizer a quienes ya han recibido una primera de AstraZeneca.

No obstante, aún no se ha reunido esa cifra de voluntarios. «Están haciendo un esfuerzo importante para reclutarlos lo más rápido posible» y, una vez se consiga, apenas se tendrá que esperar unas dos semanas a conocer los resultados, ha indicado el epidemiólogo.

A la espera de este ensayo, otros países ya han aportado información que apunta a que el riesgo de la segunda dosis del preparado de la Universidad de Oxford «sería mínimo».

Simón ha precisado que los incumplimientos de este laboratorio en sus entregas -y sobre los que se tendrán que pronunciar los tribunales- va a tener su repercusión en las dosis que se van a recibir, pero «hay otras vacunas que están proveyendo más de lo que estaba previsto».

«No sé si serán suficientes para compensar esa mitad de dosis de menos que vamos a recibir de AstraZeneca; yo creo que sí, y, por tanto, los objetivos de vacunación en principio no deberían verse comprometidos», ha afirmado el director del CCAES.

Y, lo que es más, Simón se ha mostrado convencido de que «claramente» se podrá cumplir con la previsión europea de haber vacunado al 70 por ciento de la población en julio si se reciben todas las vacunas comprometidas de las diferentes marcas.

«Estamos cubriendo más de lo previsto y es posible que nos acerquemos antes del verano o antes de mitad del verano; no quiero ser demasiado temerario, pero al ritmo que estamos teniendo podemos llegar perfectamente a esta previsión», ha augurado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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