Teresa Belmonte, senadora del PP y alcaldesa de Bigastro (Alicante), ha provocado una fuerte polémica al comparar en el Senado los ceses de las exconselleras Salomé Pradas y Nuria Montes con las 222 víctimas mortales de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. Tras las críticas de diversos partidos, Belmonte ha pedido disculpas en redes sociales, calificando sus palabras de «desafortunadas».
Los hechos: una comparación polémica
Durante su intervención en la Cámara Alta, Belmonte afirmó que las salidas de las exconselleras eran “una pérdida más que se suma a la vida de los 222 valencianos fallecidos” por la DANA. Además, destacó las pérdidas económicas sufridas por agricultores, industrias y centros de salud como parte de la tragedia.
La senadora utilizó el contexto para elogiar a Salomé Pradas y Nuria Montes, pero su comparación generó indignación en la oposición y entre los afectados.
Las disculpas de Teresa Belmonte
Horas después de su declaración, Belmonte recurrió a las redes sociales para disculparse:
“Pido disculpas sinceras, sin excusas. Es evidente que absolutamente nada es equiparable a los daños y a las víctimas de la DANA. Ha sido una comparación desafortunada y siento mucho haberla hecho. Todo mi apoyo y cariño a los afectados.”
Reacciones de la oposición
Las palabras de Belmonte fueron duramente criticadas. Representantes de otros partidos han criticado las palabras de Belmonte y han reprochado su «falta de sensibilidad» al pronunciarlas. El senador de Compromís, Enric Morera, ha asegurado que se trata de «un nuevo despropósito del PP» y de su líder, Alberto Núñez Feijóo. «Qué falta de verdad y de sensibilidad», ha aseverado.
«¿En serio? ¿Estás comparando las víctimas con una consellera incompetente y otra sin humanidad? No tenéis perdón», ha manifestado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, también en redes sociales.
Enric Morera (Compromís): “Un nuevo despropósito del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo. Qué falta de sensibilidad.”
Joan Baldoví (Compromís): “¿Estás comparando víctimas con conselleras incompetentes? No tenéis perdón.”
José Muñoz (PSPV): “Equiparar la pérdida de 222 vidas con la salida de dos conselleras es de una indignidad absoluta.”
Desde las filas socialistas, se subrayó que el discurso de Belmonte estaba escrito, lo que cuestiona el carácter accidental de su comparación.
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El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.
Una obligación legal sin compensación suficiente
El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.
La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.
El fallo del Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:
Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio
Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses
Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible
Por qué es clave esta decisión
La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.
En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.
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