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Siete años y medio de cárcel para Naoufal Azzouz, actor de ‘El Príncipe’

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MADRID, 22 Mar. (CHANCE) – La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Naoufal Azzouz, actor de la serie de televisión ‘El Príncipe’, por tráfico de drogas e integración en grupo criminal.

Naoufal Azzouz fue arrestado en julio de 2016 en el marco de la operación ‘Yupi’ contra una organización criminal de narcotraficantes dedicada a introducir grandes cargamentos de hachís desde Marruecos y que utilizaba como punto de alijo un estero ubicado en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En la sentencia, fechada el día 19 de marzo, la Sección Cuarta de la Audiencia le condena a seis años de prisión por un delito contra la salud pública, tráfico de drogas, en su modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud -hachís-, y a otros dos años de cárcel por un delito de integración en grupo criminal.

Asimismo, la Audiencia condena a penas que oscilan entre los 16 años y tres meses y los dos años de prisión a otros ocho acusados por estos hechos por delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho, absolviendo a otro de los enjuiciados después de que la Fiscalía retirara la acusación contra él.

El tribunal, en una sentencia que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, ha ordenado además el comiso de los efectos, dinero y vehículos intervenidos. En el operativo se intervinieron en total 4,2 toneladas de hachís, así como vehículos, documentación y numerosos efectos, entre ellos varias armas de fuego como un revólver del calibre 357 magnum y una escopeta de fabricación casera.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz comenzó en noviembre de 2014 una investigación sobre un grupo de personas que podrían estar llevando a cabo los preparativos para introducir, vía marítima, «elevadas» cantidades de hachís desde Marruecos, utilizando para ello embarcaciones de recreo y usando para la descarga de la droga un estero de Chiclana.

Tras varios meses de investigación, y según recoge la sentencia en el relato de hechos probados, se procedió en enero de 2015 al archivo provisional de la causa «al no haberse conseguido suficientes indicios que acreditasen la inminencia de algún transporte».

No obstante, en septiembre de 2015 se reabrió la causa tras aportar la Guardia Civil nuevas evidencias derivadas de vigilancias, análisis de información sobre varias personas y alijos recientes «con puntos en común que indicaban que algunos de los investigados continuaban con la actividad delictiva y estaban de nuevo preparando la infraestructura para ello».

Asimismo, los agentes aportaron información basada en el contacto directo «del principal organizador» con un guardia civil destinado en una de las embarcaciones patrulleras encargadas de la vigilancia, entre otras, de la zona donde se encontraban los esteros.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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