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Siete años y medio de cárcel para Naoufal Azzouz, actor de ‘El Príncipe’

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MADRID, 22 Mar. (CHANCE) – La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Naoufal Azzouz, actor de la serie de televisión ‘El Príncipe’, por tráfico de drogas e integración en grupo criminal.

Naoufal Azzouz fue arrestado en julio de 2016 en el marco de la operación ‘Yupi’ contra una organización criminal de narcotraficantes dedicada a introducir grandes cargamentos de hachís desde Marruecos y que utilizaba como punto de alijo un estero ubicado en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En la sentencia, fechada el día 19 de marzo, la Sección Cuarta de la Audiencia le condena a seis años de prisión por un delito contra la salud pública, tráfico de drogas, en su modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud -hachís-, y a otros dos años de cárcel por un delito de integración en grupo criminal.

Asimismo, la Audiencia condena a penas que oscilan entre los 16 años y tres meses y los dos años de prisión a otros ocho acusados por estos hechos por delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho, absolviendo a otro de los enjuiciados después de que la Fiscalía retirara la acusación contra él.

El tribunal, en una sentencia que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, ha ordenado además el comiso de los efectos, dinero y vehículos intervenidos. En el operativo se intervinieron en total 4,2 toneladas de hachís, así como vehículos, documentación y numerosos efectos, entre ellos varias armas de fuego como un revólver del calibre 357 magnum y una escopeta de fabricación casera.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz comenzó en noviembre de 2014 una investigación sobre un grupo de personas que podrían estar llevando a cabo los preparativos para introducir, vía marítima, «elevadas» cantidades de hachís desde Marruecos, utilizando para ello embarcaciones de recreo y usando para la descarga de la droga un estero de Chiclana.

Tras varios meses de investigación, y según recoge la sentencia en el relato de hechos probados, se procedió en enero de 2015 al archivo provisional de la causa «al no haberse conseguido suficientes indicios que acreditasen la inminencia de algún transporte».

No obstante, en septiembre de 2015 se reabrió la causa tras aportar la Guardia Civil nuevas evidencias derivadas de vigilancias, análisis de información sobre varias personas y alijos recientes «con puntos en común que indicaban que algunos de los investigados continuaban con la actividad delictiva y estaban de nuevo preparando la infraestructura para ello».

Asimismo, los agentes aportaron información basada en el contacto directo «del principal organizador» con un guardia civil destinado en una de las embarcaciones patrulleras encargadas de la vigilancia, entre otras, de la zona donde se encontraban los esteros.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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