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Siete detenidos por cometer 58 robos en casas de València y Alicante y traficar con droga

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ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha detenido en las provincias de Valencia y Alicante a siete personas, seis hombres y una mujer de entre 28 y 59 años, por presuntamente cometer 58 robos en casas, traficar con drogas y otros delitos como tenencia ilícita de armas, usurpación de vivienda y defraudación de fluido eléctrico. Cuatro de los siete eran hermanos y contaron con la ayuda de la mujer y un amigo de uno de ellos.

Los delitos se iniciaron a final de 2017, cuando dos hermanos de Orba (Alicante) con numerosos antecedentes delictivos llevaron a cabo una serie de robos en esta localidad y en los alrededores, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los sospechosos se centraban en casas de campo y en viviendas aisladas, a las que entraban de noche tras planificar los robos por el día. Una noche, en la localidad alicantina de Sanet y Negrals, los dueños los sorprendieron y los hermanos acometieron con violencia contra la propietaria hasta romperle dos huesos de la muñeca.

Los hombres se juntaron con sus otros dos hermanos para llevar a cabo más robos. Uno de ellos, que vivía en Benidoleig (Alicante), les facilitaba el vehículo para el transporte, un coche o una furgoneta en función de la cantidad de objetos que robaran.

Por su parte, el cuarto hermano, residente en València, daba salida al oro y las joyas robadas, pues tenía contactos que lo compraban sin que quedara reflejado en ningún registro o que incluso aportaban su DNI para la venta, según la investigación de la Benemérita.

VENTA DE DROGA EN UNA GANADERÍA
Los cuatro hermanos pasaron de los robos a la venta de droga, gracias a un traficante de Xàbia (Alicante) que les conseguía cantidades suficientes para que se dedicaran al menudeo. El hermano de Benidoleig, junto a su mujer y un amigo, fue el que más se implicó en la distribución de las sustancias, sobre todo en su localidad y en una ganadería propiedad de la familia en La Vall de Laguar (Alicante).

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Calpe (Alicante), especialista en robos en partidas rurales, investigó los movimientos de los hermanos durante meses y llevó a cabo cinco registros de sus viviendas en las localidades alicantinas de Orba Benidoleig, Xàbia y La Vall de Laguar, así como en los barrios de València de la Ciutat Fallera y Benimàmet. Esta última casa estaba usurpada y en ella defraudaban la corriente eléctrica.

Los agentes intervinieron en estos domicilios un arma de fuego que no descartan que pueda estar implicada en los delitos, junto a munición y varias dosis de cocaína, hachís y heroína.

También se incautaron de efectos procedentes de los robos, como televisores, herramientas, aperos de labranza, joyería y relojes, además de cinco vehículos y varios teléfonos de los detenidos. Algunos de lo objetos han sido devueltos a los dueños, mientras otros siguen en la comandancia de la Guardia Civil de El Verger (Alicante) a la espera de ser reconocidos.

A los siete detenidos, todos de origen español, se les imputan los delitos de robo en interior de vivienda (hasta 58), tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, usurpación de vivienda y defraudación de fluido eléctrico. Cinco de ellos ya han ingresado en prisión por estos hechos.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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