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Simón califica las FFP2 como “mascarillas egoístas”

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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a protagonizar unas polémicas declaraciones durante su comparecencia para hacer balance del coronavirus en España sobre las diferencias y las recomendaciones de uso al respecto de las mascarillas FFP2 y las mascarillas quirúrgicas. El epidemiólogo ha sido muy claro haciendo una analogía: las mascarillas FFP2 son lo que denomina las “mascarillas egoístas”, porque son las que uno se pone para protegerse, para procurar no ser contagiado, pero sí puede contagiar a los demás si está infectado por el virus, y especialmente si la mascarilla FFP2 tiene válvula, porque al exhalar el aire se concentra todo justo en ese punto. Sin embargo, las mascarillas quirúrgicas, que son las que recomienda, y a las que denomina “las mascarillas altruistas”, son las que, además de ofrecer una cierta protección para uno mismo, benefician a todos, porque se usan para no contagiar a los demás.

De ese modo, si resulta que estamos infectados y no nos hemos dado cuenta, no afectamos a los demás, intentando prevenir así convertirnos en un foco de transmisión. En este sentido, hay que recordar que uno puede ser asintomático y contagiar, por lo que la recomendación de Fernando Simón y el Ministerio de Sanidad es esa: que todos usemos las mascarillas quirúrgicas, las “mascarillas altruistas”.

Simón lo explicaba así: “Las mascarillas FFP2 tengan válvula o no están pensadas para que una persona que las lleve no se infecte. Sí que es verdad que también protegen, –aunque no tanto como las quirúrgicas–, de que un infectado infecte a los demás. El problema de las válvulas es que el aire que exhala la persona que la lleva lo concentra en un punto concreto y eso puede hacer que en algún momento alguien que esté expuesto al aire que sale por esa válvula pueda infectarse. Son mascarillas que desde mi punto de vista son ‘las egoístas’. En algunos casos, una persona que tiene seguridad de que no está infectada y tiene que protegerse mucho porque es una persona muy vulnerable, podemos plantear el uso de mascarillas FFP2. Mejor sin válvula, porque reducen el riesgo de concentrar lo que se exhala en un punto concreto. Pero en un momento determinado, si no hay otra opción, para personas muy concretas el uso de estas mascarillas puede ser útil, pero no es lo ideal. Desde el punto de vista poblacional lo que nos interesa es que cualquier persona que pudiera estar infectada no transmita a los demás. Ahora mismo, desde el punto de vista poblacional tenemos que buscar las mascarillas altruistas, las que hacen que tú, si remotamente estás infectado, aunque no te hayas dado cuenta, no afectes a los demás. Ese debería ser el objetivo”.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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