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Simón confirma que ya hay 9 casos de la cepa británica del virus en España

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Madrid, 28 dic (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, ha informado este lunes de que son nueve los casos confirmados hasta ahora de la cepa británica del coronavirus en España, aunque hay más casos que se están investigando.

Simón ha dado cuenta de esos casos durante su comparecencia en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a los ministros de Sanidad y Política Territorial tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

El máximo responsable del CAES ha calificado de «esperable» la existencia de estos casos, ya que su origen se sitúa en una zona del Reino Unido que incluye Londres y con la que España tiene mucho intercambio de personas.

Aunque alguno de los casos era ya infectivo (que infecta) durante el vuelo, la mayor parte ha dicho que iniciaron los síntomas a los cuatro o cinco días de haber llegado procedentes del Reino Unido.

Por tanto ha explicado que no eran ni infectivos ni detectables durante los vuelos, porque la PCR se suele hacer positiva, y no siempre, en los dos días previos al inicio de síntomas.

Por tanto, ha recalcado que la posibilidad de detectarlos en origen o en el aeropuerto era baja.

A juicio de Simón, el problema de la cepa inglesa radica en toda la información que ha habido sobre una mayor capacidad de transmisión, y al respecto ha dicho que tiene una serie de mutaciones que podría favorecer que eso ocurra, pero que aún no está tan claro que eso sea así.

«No es que no pueda tener una mayor transmisibilidad. Es que todavía no están despejadas todas las dudas sobre ello», ha añadido.

En España ha asegurado que hay capacidad diagnóstica suficiente y existe además un protocolo para incluir la información relacionada con el genotipo de la secuenciación de las cepas en los datos de vigilancia.

Un protocolo que ha dicho que se está cerrando en la actualidad y cuyo borrador se ha enviado a la ponencia de alertas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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