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Simón cree que cerrar los bares es más eficaz que adelantar el toque de queda

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EFE/Javier López Hernández

Madrid, 18 ene (EFE).- El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado este lunes que lo más eficaz para controlar los contagios es cerrar los bares, por encima de adelantar el toque de queda, ya que esta medida se la pueden saltar los ciudadanos reuniéndose en domicilios.

«Yo no soy partidario ni de toque de queda, ni de no toque de queda: soy partidario de que se apliquen bien las medidas que permitan controlar la transmisión de la enfermedad. Pueden ser pocas muy bien aplicadas o muchas un poco peor aplicadas, y al final conseguir el mismo efecto», ha dicho Simón en rueda de prensa.

El experto ha reconocido que «cualquier medida que sea para tratar de controlar la transmisión tendrá algún efecto», pero ha apostado por valorar «alternativas similares».

Para el epidemiólogo, existen otras opciones al adelanto del inicio del toque de queda, como «el cierre de los interiores de los bares».

«Sé que no es popular, pero es la que ha demostrado un impacto mayor», ha dicho citando las estadísticas que manejan las comunidades autónomas, muchas de las cuales han pedido al Gobierno adelantar el inicio del toque de queda, actualmente fijado en las diez de la noche en el decreto de estado de alarma y que Castilla y León ha adelantado a las ocho de la tarde.

El experto ha dicho entender, sin embargo, que con «medidas que tienen un impacto social importante hay que pensárselo mucho y hay propuestas que son comunicativamente más fáciles».

Para Simón, el toque de queda no prohíbe a los ciudadanos reunirse en una casa, sino salir de los domicilios, con lo que, «si la gente quiere sustraerse a la norma, puede hacerlo».

En cualquier caso, el experto ha dicho que la decisión de adelantarlo «se escapa del nivel técnico», ya que la tiene que tomar el Gobierno. «No sé cuál será la posición final del ministerio, pero les puedo decir que hay opciones alternativas y hay que valorarlas todas», ha insistido.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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