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Simón cree que por el momento no tiene sentido plantear vacunar en estadios

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Madrid, 15 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado este lunes que por el momento los centros sanitarios pueden asumir el proceso de vacunación de la covid con lo que «no tiene sentido» hacerlo en estadios a no ser que llegue «una barbaridad» de dosis.

Simón se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa que ofrece cada lunes para informar sobre la evolución de la pandemia al ser preguntado por las críticas de personal sanitario acerca de la posibilidad de ampliar espacios de vacunación a superficies como el WiZink Center o el pabellón de Vistalegre como ha planteado en su caso la Comunidad de Madrid.

Para el director del CCAES, con las dosis que está administrando España es «perfectamente asumible» que se haga en los centros sanitarios de la Sanidad Pública, que tiene capacidad «de sobra» y, ha dicho, se podría plantear si empezasen a llegar millones de vacunas.

Así, ha abundado en que «si no hay una barbaridad» de millones de dosis disponibles «no tiene sentido» plantear estas opciones.

Para el epidemiólogo, el Sistema Nacional de Salud es lo suficientemente «potente» como para que esta opción ahora no sea necesaria.

No solo la Comunidad de Madrid, en Huelva, por ejemplo el estadio Nuevo Colombino es el primer gran recinto deportivo habilitado en Andalucía para vacunar contra la covid-19 de forma masiva.

Por otra parte, Simón también se ha referido a la reunión que han mantenido este lunes de forma telemática la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.

Una reunión, que se celebra casi cada mes, sobre la que el director del CCAES ha reconocido que le ha sorprendido que el representante de la OMS haya sido «especialmente efusivo» a la hora de valorar la evolución de la tercera ola en España.

Y en este sentido, Simón ha querido agradecer a las comunidades y a todos los ciudadanos el esfuerzo «muy importante» para tratar de frenar ese nuevo golpe de la pandemia.

La OMS también ha agradecido la disposición de todos los expertos que trabajan en España para aportar la experiencia tanto en lo bueno como en lo mejorable a todos los países que han requerido apoyo.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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