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Simón: «La variante británica supone el 25-30% de casos pero va más lenta de lo previsto»

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Madrid, 22 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apuntado este lunes que la variante británica, de la que se han confirmado 898 casos en España, avanza a un ritmo algo inferior al previsto y supone en estos momentos entre un 25 y un 30 % de los casos.

Así lo ha señalado en su habitual rueda de prensa de los lunes en la que ha señalado que esta expansión más lenta de la calculada inicialmente se debe a que la curva de contagios está en descenso y «la transmisión en España está ahora mismo muy controlada» después del incremento postnavideño gracias a las restricciones impuestas por las comunidades.

«Esto obviamente no favorece la transmisión, ni de las variantes circulantes habitualmente ni de la británica, la sudafricana o la brasileña», lo cual no quiere decir que no se transmitan y vayan ocupando poco a poco espacio.

Así, los cálculos del Ministerio es que cada semana, la transmisión de la variante británica se iba a incrementar entre 1,5 y 2 veces, pero hay algunas que se sitúa incluso por debajo, lo cual «es una buena noticia», si bien, ha querido precisar, tampoco puede descartarse una posible infraestimación de su prevalencia.

Respecto a las cuatro variantes que Sanidad estudia con atención junto a la británica, la sudafricana y la brasileña, el epidemiólogo ha señalado que «podría en principio favorecer el escape inmunitario».

Se trata de la variante P.2 (Río de Janeiro), de la que se han diagnosticado dos casos en viajeros en Madrid y otros 9 en Canarias de los que aún «no se dispone de datos epidemiológicos».

También se ha detectado otro caso de la variante nigeriana B.1.525, que fue secuenciado en enero de 2021; están además la VOC 202102/02, que se observó por primera vez en Bristol (Reino Unido), y la B.1.429, en California, de las cuales España no ha confirmado ningún caso aún.

De momento, y de acuerdo con la evidencia actual, «no parecen ocupar parte importante del espacio, pero no podemos descartarlo», ha dicho Simón, que ha pedido esperar a tener más información para poder hacer una valoración más precisa.

Sobre si es factible que los países europeos puedan haber secuenciado el 5 % de los casos para el verano, el director del CCAES ha señalado que «muy pocos», como Reino Unido o Dinamarca, pueden hacerlo en la situación actual de transmisión; sin embargo, «es posible» si se mantiene la evolución descendente pueda alcanzarse.

Por otra parte, el director del CCAES ha insistido que el pasaporte covid-19 es una cuestión que está desde hace meses en la mesa de los gobiernos europeos, pero aún hay que hacer «mucho trabajo de fondo».

«Esto es una cosa que tenemos en mente desde hace mucho tiempo y, de hecho, ya se piden pruebas PCR e incluso de antígenos», ha dicho el epidemiólogo, quien ha considerado que, no obstante, «no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo».

Por último, y sobre la autorización que ha dado Reino Unido a inocular el virus en pacientes sanos para probar vacunas y tratamientos, Simón ha considerado que se trata de «estudios muy interesantes desde el punto de vista científico», pero «muy difíciles desde el punto de vista ético».

Además, España cuenta con el estudio de seroprevalencia que da una información que «nos puede aproximar», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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