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Simón no ve riesgo en la variante que está arrasando India

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virus Nipah

Madrid, 26 abr (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que por el momento no hay evidencia de que la variante india de la covid sea más transmisible que otras, ocupe más espacio fuera del país de origen o tenga una mayor gravedad.

Así lo ha dicho Simón este lunes en rueda de prensa, en la que, sin embargo, ha precisado que no se puede descartar que tenga una mayor transmisibilidad dadas las mutaciones que tiene una de las variantes indias: la B.1.617.A la espera de los estudios pertinentes, el experto ha destacado que India, con unos 1.5000 millones de habitantes, reporta unos 300.000 contagios diarios, un volumen que ha calificado de «importante», aunque «proporcionalmente menor a los 30.000 casos que notifica Argentina».

Aunque los habitantes de India son «un número importante que puede distribuirse por el mundo», ha precisado que la mayor parte de la población infectada en ese país tiene una probabilidad muy limitada de hacer viajes a larga distancia.

Además, Simón ha recalcado que España no tiene vuelos directos con la India, a pesar de lo que se valora «la necesidad de ir mas allá de la prohibición de rutas directas» y «realizar alguna acción sobre personas que puedan venir haciendo tránsito».

Este lunes, la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno que establezca restricciones para viajeros procedentes de la India y controles efectivos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el fin de evitar la llegada de casos de la variante india del coronavirus.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha escrito una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que le muestra su preocupación ante la nueva variante india del coronavirus y le pide al Ejecutivo que actúe «con celeridad», como ya han hecho otros países.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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