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Sindicato Médico denuncia: «Nos mandan al matadero, los médicos estamos cayendo como moscas»

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VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) ha lamentado este martes que el 20 por ciento de personal sanitario está contagiado por coronavirus y ha denunciado: «Nos mandan al matadero, los médicos estamos cayendo como moscas».

Así lo afirma en un comunicado lanzado a toda la comunidad médica, en el que afirma que «probablemente» la cifra del 20% «sea mucho más, porque no se quiere que se hagan los test de coronavirus al personal sanitario».

El sindicato ha criticado que «en la Conselleria de Sanidad parece que el material viene ‘mañana’ desde hace varias semanas», lo que ha llevado al personal sanitario a tener que «agudizar el ingenio buscando soluciones caseras que en la mayoría de las ocasiones no sirven para nada».

CESM CV ha pedido eliminar la actividad no urgente de los hospitales y que se hagan turnos de médicos «para evitar que todos nos contagiemos a la vez». «Sin medidas de protección, un paciente contagia a alguien del personal sanitario. Entonces el personal sanitario contagia a todos los que ve esa mañana, al día siguiente, al otro… y a su propia familia», explican los médicos.

El sindicato ha elaborado un ‘Calendario de No Actuación’ de la administración sanitaria que, en el caso del coronavirus, arranca el 1 de marzo cuando «la Conselleria ignora a los médicos frente la la crisis» que se avecina; el día 4, asegura que si un médico se pone enfermo por coronavirus en el trabajo «no es ninguna enfermedad laboral. Es como una gripe más» y el 12 la administración «vive en una nube de no pasa nada» aunque le advierten de las medidas.

Al día siguiente, CESM CV pide de nuevo a la Conselleria que suspenda la actividad no urgente y avisa de que los hospitales y centros de salud «son el principal foco de contagio»; el 14, denuncian que Sanidad sigue sin actuar y sin haber material de protección para el personal sanitario.

En esa fecha, se les comunica que Sanidad ha ordenado a los hospitales y centros de salud suspender la actividad no urgente, aunque «la mayoría de gerentes de departamento no obedece y todo sigue igual». El 17, CESM CV reclama el cese de un gerente «por irresponsable» al mantener la actividad asistencial en su departamento «como si nada pasara».

El 18 de marzo se buscan voluntarios y señala que «parece que la Conselleria toma las riendas» aunque «son bastante flojas y en muchos departamentos las interpretan de forma laxa»; el 20 sigue «faltando material de protección», un hecho que atribuye a «una combinación de incompetencia y desidia». Y a fecha de hoy, lamenta: «Es tarde ya. Nos mandan al matadero. No hay equipos de protección. No se evitan los contagios. El personal sanitario cae como moscas».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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