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Valencia

Solo 26 pueblos (el 5%) de la Comunitat Valenciana resisten a una pandemia desbordada

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EFE/ Natxo Francés/Archivo

València, 30 ene (EFE).- A primeros de octubre eran 115 de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana los que seguían «limpios» de covid, pero casi cuatro meses después solo 26 resisten sin contagios en plena tercera ola de una pandemia desbordada, con cifras máximas de positivos, muertes e ingresos hospitalarios y en UCI.

Con más de 300.000 positivos, más de 4.500 fallecimientos, casi 4.600 ingresados y más de 600 personas en la UCI, apenas queda un 4,79 % de municipios del territorio valenciano -unas cuatro veces menos que justo antes del puente de octubre (21,25 %)- que afronta febrero sin coronavirus.

De los 26 pueblos de la Comunitat Valenciana ajenos por el momento a la pandemia, según datos de la Generalitat actualizados a 27 de enero, 12 son de la provincia de Castellón (8,88 % de sus 135 municipios), 8 de la de Valencia (3 % de 266), y 6 de la de Alicante, el 4,25 % de sus 141 poblaciones.

En la gran mayoría son pueblos de interior, en enclaves naturales destacados, con poblaciones de 130 habitantes de media, aunque más de la mitad de ellos no llega ni a 100 (según el último censo del INE de 2018) y vecinos de una media de edad avanzada, que apenas suponen el 0,06 % del total de habitantes de la Comunitat (algo más de 3.200).

En algún caso tan solo tiene 10 personas viviendo habitualmente en su núcleo urbano, como Castell de Cabres (Castellón), en la comarca del Baix Maestrat, el más pequeño de los pueblos que aún no ha detectado covid en sus calles.

En esa misma situación hay pueblos pequeños como Sempere, en la comarca valenciana de La Vall d’Albaida y en el que apenas viven unas quince personas, y Famorca, ubicado en El Comtat (Alicante) y con 47 vecinos censados a día de hoy.

Por el lado contrario de tamaño de su población se hallan municipios como Bolulla, en el interior de la comarca alicantina de la Marina Baixa y el único que supera los 400, y Castielfabib, en el Rincón de Ademuz (Valencia), con algo más de 300 habitantes.

Los ocho pueblos sin covid de la provincia de Valencia son Aielo de Rugat (155 habitantes), Carrícola (93), Casas Altas (136), Castielfabib (306), Puebla de San Miguel (61), Segart (158), Sempere (35) y Vallés (57).

Benifato (149), Benillup (94), Bolulla (418), Confrides (208), el Castell de Guadalest (209) y Famorca (53) son los ocho municipios de las comarcas alicantinas que resisten sin contagios desde el inicio de la pandemia.

En las comarcas castellonense se mantienen sin coronavirus Almedíjar (256), Arañuel (146), Castell de Cabres (17), Espadilla (72), Fuente de la Reina (49), Fuente de Ayódar (94), Herbés (49), Ludiente (155), Palanques (31), Sacañet (59), Torralba de Pinar (54) y Zorita del Mestrazgo (112).

Se trata de municipios sin apenas ocio, que en muchos casos no tienen tiendas ni servicios, con visitas del médico alguna vez por semana y apenas con un bar, los que lo tienen, y en las que los vecinos viven confinados en ellos, sin apenas salir y si lo hacen, con mascarillas y guardando las medidas de seguridad.

Esta drástica reducción de pueblos «limpios» es inversa a cómo está creciendo en la Comunitat Valenciana la tasa de incidencia del coronavirus acumulada a 14 días que el 8 de octubre -justo antes del puente que disparó la segunda ola- era de apenas 104,32 casos por cada 100.000 habitantes y ahora marca récords de más de 1.400.

Mónica Collado

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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