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Som Valencians insta al Estado a que respete la idioma valenciano reconocido en l´Estatut

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Som Valencians sigue defendiendo los intereses de los valencianos, tanto dentro como fuera de la Comunitat. Por ello, han expresado su postura, frente la pregunta formulada por Joan Vall, considerada «inoportuna» por la formación valencianista, sobre la distinción que efectúa la Administración en sus páginas web entre el valenciano y el catalán. La institución destinataria: el Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado, donde, presencialmente, Jaume Hurtado y Joan Culla, secretario general y preseidente de Som Valencians, respectivamente; han entregado documentación de tipo jurídico, histórico, lingüístico y sociológico en la que se reafirma la independencia de la lengua valenciana y su singular evolución respecto al catalán.

Culla ha expuesto que «ante la admisión de la demanda por parte del TSJM, hemos querido remitirla al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado para que se pronuncie. Por ello, también, hemos aportado mucha información que esperemos les sea de utilidad. Esperamos que el dictamen de la institución sea independiente y riguroso, ya que no puede tener otro contenido que el reconocimiento de la independencia entre el valenciano y el catalán, pues no olvidemos que la propia Constitución, en su artículo 3, apartado D, señala que las lenguas oficiales del Estado español son aquellas que reconozcan sus Estatutos de Autonomía».

También el secretario general de la organización ha realizado declaraciones, instantes después de la entrega de la documentación: «Los valencianos sienten el idioma valenciano como lengua propia y así lo reconoce el Estatut d´Autonomia valenciano. Anular la personalidad propia valenciana, considerando el valenciano un mero dialecto del catalán, es un paso más para silenciar nuestra identidad, sometiendo política y culturalmente a nuestro pueblo. Económicamente, ya tenemos la peor financiación autonómica de toda España y nuestro bancos y cajas se han entregado a Madrid y a Cataluña por 1 euro. Todo es producto de lo mismo: Rajoy quiere llegar a acuerdos con Puigdemont y, de nuevo, los valencianos entramos en el tira y afloja entre Madrid y Barcelona».

Som Valencians

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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