Ambas asociaciones acordaron este martes convocar nuevos paros y protestas durante el mes de febrero ante lo que han considerado «promesas incumplidas» de Política Territorial de subir las tarifas de València un 7,17 % en enero de 2023, si bien desde la Conselleria han destacado que «los cambios de tarifas se rigen por la Ley de Desindexación y en base a variables objetivas».
En declaraciones a EFE, los representantes sindicales de los taxistas han contado que llevan nueve años sin subir las tarifas, como ha destacado el secretario de la Federación Sindical del Taxi en València, Juan José López, que ha recordado que en navidad ya convocaron un paro porque «el sector del taxi se merecía una revisión de precios con la que está cayendo».
«Llegamos a un acuerdo con la Conselleria de subir las tarifas al 7,17 % y entendimos que con un acuerdo verbal bastaba, porque siempre nos ha bastado con todas las Consellerias de cualquier color político», ha relatado López, que ha lamentado que «esta vez, por lo visto, no».
«Qué sorpresa cuando nos dan los números a nosotros y a la Gremial y vemos que la subida no llega a más de un 4,5 %», ha manifestado, y ha dicho que el sector siente «frustración y cabreo».
Por ello, ha apostado por «volver a quejarse y hacerle ver a la Conselleria que están condenando a la precariedad» a los taxistas, ya que, ha afirmado, «el precio al que están las tarifas te obliga, para poder sacarte el jornal, a hacer 14 horas, 15».
A su juicio, «lo bueno que tenía el taxi, entre comillas, era que tenías la oportunidad de autoexplotarte», es decir, que «si en vez de hacer tus 8 horas hacías 12 o 14 se veía recompensado económicamente».
«El problema es que ahora tienes que hacer tus 12 o 14 horas para poder intentar pagar la luz», ha denunciado.
Así lo ha manifestado también el presidente de la Asociación Provincial del Taxi de Valencia, Ismael Arráez, para quien «ha quedado transparente» que el motivo de que la Conselleria aceptara subir las tarifas un 7,17 % era «únicamente la desmovilización o la desconvocatoria de los paros que había pendientes».
«Ahora se ve un borrador en el cual contemplan un 4,5 % de subida de tarifas y se basan en la excusa de la Ley de Desindexación», ha lamentado, una norma que «es la misma en febrero que en diciembre», por lo que ha concluido que «se pilla antes a un mentiroso que a un cojo».
La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.
Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación
La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.
Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.
Qué pretende aclarar la jueza
La magistrada busca concretar cuatro puntos:
El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.
Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.
El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.
La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.
Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.
Crece la presión sobre el Consell
La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.
La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.
El proceso judicial continúa abierto
La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.
Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.
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