Ambas asociaciones acordaron este martes convocar nuevos paros y protestas durante el mes de febrero ante lo que han considerado «promesas incumplidas» de Política Territorial de subir las tarifas de València un 7,17 % en enero de 2023, si bien desde la Conselleria han destacado que «los cambios de tarifas se rigen por la Ley de Desindexación y en base a variables objetivas».
En declaraciones a EFE, los representantes sindicales de los taxistas han contado que llevan nueve años sin subir las tarifas, como ha destacado el secretario de la Federación Sindical del Taxi en València, Juan José López, que ha recordado que en navidad ya convocaron un paro porque «el sector del taxi se merecía una revisión de precios con la que está cayendo».
«Llegamos a un acuerdo con la Conselleria de subir las tarifas al 7,17 % y entendimos que con un acuerdo verbal bastaba, porque siempre nos ha bastado con todas las Consellerias de cualquier color político», ha relatado López, que ha lamentado que «esta vez, por lo visto, no».
«Qué sorpresa cuando nos dan los números a nosotros y a la Gremial y vemos que la subida no llega a más de un 4,5 %», ha manifestado, y ha dicho que el sector siente «frustración y cabreo».
Por ello, ha apostado por «volver a quejarse y hacerle ver a la Conselleria que están condenando a la precariedad» a los taxistas, ya que, ha afirmado, «el precio al que están las tarifas te obliga, para poder sacarte el jornal, a hacer 14 horas, 15».
A su juicio, «lo bueno que tenía el taxi, entre comillas, era que tenías la oportunidad de autoexplotarte», es decir, que «si en vez de hacer tus 8 horas hacías 12 o 14 se veía recompensado económicamente».
«El problema es que ahora tienes que hacer tus 12 o 14 horas para poder intentar pagar la luz», ha denunciado.
Así lo ha manifestado también el presidente de la Asociación Provincial del Taxi de Valencia, Ismael Arráez, para quien «ha quedado transparente» que el motivo de que la Conselleria aceptara subir las tarifas un 7,17 % era «únicamente la desmovilización o la desconvocatoria de los paros que había pendientes».
«Ahora se ve un borrador en el cual contemplan un 4,5 % de subida de tarifas y se basan en la excusa de la Ley de Desindexación», ha lamentado, una norma que «es la misma en febrero que en diciembre», por lo que ha concluido que «se pilla antes a un mentiroso que a un cojo».
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo
València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios
El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.
Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.
Más inspecciones y vigilancia continua
Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.
El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.
Moratoria y nuevas normas urbanísticas
El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.
Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:
Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
Tope del 15% en plantas bajas por manzana
Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal
También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.
En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.
Presión sobre la vivienda en València
El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.
Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.
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