Ambas asociaciones acordaron este martes convocar nuevos paros y protestas durante el mes de febrero ante lo que han considerado «promesas incumplidas» de Política Territorial de subir las tarifas de València un 7,17 % en enero de 2023, si bien desde la Conselleria han destacado que «los cambios de tarifas se rigen por la Ley de Desindexación y en base a variables objetivas».
En declaraciones a EFE, los representantes sindicales de los taxistas han contado que llevan nueve años sin subir las tarifas, como ha destacado el secretario de la Federación Sindical del Taxi en València, Juan José López, que ha recordado que en navidad ya convocaron un paro porque «el sector del taxi se merecía una revisión de precios con la que está cayendo».
«Llegamos a un acuerdo con la Conselleria de subir las tarifas al 7,17 % y entendimos que con un acuerdo verbal bastaba, porque siempre nos ha bastado con todas las Consellerias de cualquier color político», ha relatado López, que ha lamentado que «esta vez, por lo visto, no».
«Qué sorpresa cuando nos dan los números a nosotros y a la Gremial y vemos que la subida no llega a más de un 4,5 %», ha manifestado, y ha dicho que el sector siente «frustración y cabreo».
Por ello, ha apostado por «volver a quejarse y hacerle ver a la Conselleria que están condenando a la precariedad» a los taxistas, ya que, ha afirmado, «el precio al que están las tarifas te obliga, para poder sacarte el jornal, a hacer 14 horas, 15».
A su juicio, «lo bueno que tenía el taxi, entre comillas, era que tenías la oportunidad de autoexplotarte», es decir, que «si en vez de hacer tus 8 horas hacías 12 o 14 se veía recompensado económicamente».
«El problema es que ahora tienes que hacer tus 12 o 14 horas para poder intentar pagar la luz», ha denunciado.
Así lo ha manifestado también el presidente de la Asociación Provincial del Taxi de Valencia, Ismael Arráez, para quien «ha quedado transparente» que el motivo de que la Conselleria aceptara subir las tarifas un 7,17 % era «únicamente la desmovilización o la desconvocatoria de los paros que había pendientes».
«Ahora se ve un borrador en el cual contemplan un 4,5 % de subida de tarifas y se basan en la excusa de la Ley de Desindexación», ha lamentado, una norma que «es la misma en febrero que en diciembre», por lo que ha concluido que «se pilla antes a un mentiroso que a un cojo».
La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.
El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.
Cronología de los hechos
Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.
Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.
Pancreatitis aguda: un riesgo grave
La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.
Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.
Declaraciones de la asociación
La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.
Indemnización y acuerdo
El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.
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