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Teodoro García: «Los murcianos podrán recibir hasta 20.000€ para la compra de un vehículo eléctrico»

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El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Teodoro García, ha manifestado hoy que la aprobación del Plan MOVALT por parte del Ministerio de Energía “es una oportunidad que ayuda a acelerar la expansión de la movilidad sostenible, alternativa y eficiente”. A lo que ha añadido que con este Plan “los murcianos podrán recibir hasta 20.000 euros en ayudas destinadas a la compra de un vehículo eléctrico”.

Así ha remarcado que estas subvenciones del Gobierno Central junto con las regionales y locales en Murcia “hacen que los murcianos dispongan del paquete de ayudas al ciudadano más importante de la historia”.
El objetivo del plan es aumentar el parque de vehículos impulsados con energías alternativas y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases contaminantes, al tiempo que también servirá para aumentar el ahorro y la diversificación de las fuentes de energía en el transporte, lo que, “conseguirá reducir la dependencia energética del petróleo para nuestro país y para la Región”, ha avanzado García.
El plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa que entrará en vigor en los próximos días, una vez que se publique en el BOE, destinará 20 millones de euros para la compra de vehículos propulsados por energías alternativas (MOVALT-Vehículos) como Autogás (GLP), Gas Natutal (GNC, GNL) o bifuel gasolina-gas, Eléctricos (BEV, REEV, PHEV), así como por pila de combustible.
En este punto ha explicado el portavoz adjunto del PP en el Congreso que las ayudas oscilarán entre los 500 y los 18.000 euros dependiendo de la categoría del vehículo y su monitorización, por lo que ha defendido que se trata de “una gran oportunidad para PYMES, autónomos y particulares”. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma pueden incrementar estas ayudas con los incentivos propuestos, con syudas al desarrollo de puntos de recarga con 4.500 euros o 2.000 euros adicionales de ayuda por vehículo eléctrico.
 Asímismo ha cifrado en 15 los millones destinados para el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica, cuyos beneficiarios podrán ser administraciones, empresas públicas y privadas, y la cuantía de las ayudas cubrirá hasta el 60 % del coste de inversión en el caso de entidades públicas y PYMES y el 40% para el resto de empresas.
 El diputado nacional del PP por Murcia ha indicado que junto a MOVALT- Vehículos y MOVALT-Infraestructuras, próximamente se lanzará una nueva línea de apoyo a iniciativas de I+D+i vinculadas con la movilidad eficiente energéticamente y sostenible que estará dotada de 15 millones de euros adicionales.
El plan, ha finalizado, Teodoro García, “da continuidad a los planes que el Gobierno de España ha vienido impulsando en los últimos años para fomentar un transporte más sostenible, al timpo que se refuerza significativamente el apoyo al desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica”.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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