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Perfil de Teresa Peramato propuesta como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz

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El Gobierno ha decidido impulsar el nombramiento de Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, una propuesta que llega en un momento de especial relevancia para el Ministerio Fiscal. La decisión será formalmente elevada por el Consejo de Ministros, que tiene previsto abordar el relevo tras la renuncia presentada por Álvaro García Ortiz. Su salida se produjo después de que el Tribunal Supremo confirmara una condena que implica su inhabilitación durante dos años, situación que le imposibilita continuar al frente de la Fiscalía General.

Una sustitución marcada por la urgencia institucional

La renuncia de García Ortiz ha obligado al Ejecutivo a actuar con rapidez para garantizar la continuidad de la institución. La Fiscalía General del Estado es un elemento clave dentro del sistema judicial español, por lo que la designación de una persona con amplia experiencia y solvencia profesional resultaba fundamental.

En este contexto, la figura de Teresa Peramato ha ganado fuerza debido a su larga trayectoria dentro de la carrera fiscal, su especialización en violencia de género y su conocido perfil técnico y progresista.

Perfil y trayectoria de Teresa Peramato: experiencia y continuidad

La propuesta del Gobierno no es casual. Peramato cuenta con más de tres décadas de experiencia en diferentes destinos, destacando especialmente su trabajo en áreas relacionadas con la protección de las víctimas, la igualdad y la justicia penal. Su trayectoria ha estado marcada por cargos de alta responsabilidad y por su implicación en iniciativas para reforzar la atención institucional frente a la violencia machista.

Además, destaca el hecho de que Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización profesional que ha tenido un papel relevante en la elección de los dos fiscales generales anteriores. Su elección, por tanto, mantiene la línea ideológica y técnica de los últimos años dentro del Ministerio Fiscal.

Proceso de nombramiento

Una vez presentada la propuesta por el Consejo de Ministros, se activará el procedimiento habitual:

  1. Solicitud de informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aunque no es vinculante, forma parte del proceso obligatorio.

  2. Comparecencia de Teresa Peramato ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde deberá responder a las preguntas de los grupos parlamentarios y exponer las líneas generales de su proyecto.

  3. Finalmente, el Gobierno aprobará su nombramiento mediante Real Decreto, cerrando así el relevo en la Fiscalía General del Estado.

Una elección con implicaciones institucionales y políticas

La propuesta de Peramato llega en un momento complejo para la Fiscalía, tras meses de debate público y tensiones entre distintas sensibilidades dentro de la propia institución. Su perfil, marcado por el compromiso con la perspectiva de género y por una amplia experiencia en la administración de justicia, puede aportar estabilidad en un contexto de polarización.

Al mismo tiempo, su nombramiento es interpretado como un gesto de continuidad respecto al modelo impulsado por sus antecesores, especialmente en aspectos relacionados con la defensa de la igualdad y la modernización del Ministerio Fiscal.

Conclusión: un relevo decisivo para la Fiscalía General del Estado

La designación de Teresa Peramato como candidata a fiscal general del Estado representa un movimiento estratégico para garantizar la continuidad institucional y fortalecer áreas clave como la protección de víctimas y la lucha contra la violencia de género. Su perfil profesional, su pasado en la UPF y su amplia trayectoria en la carrera fiscal la colocan como una de las figuras con mayor preparación para asumir este relevo en un momento crítico para el sistema judicial español.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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