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El Fiscal de Sala de Menores avisa sobre las «consecuencias penales» de no ir a clase
Publicado
hace 6 añosen
El absentismo escolar constituye una preocupación para la Fiscalía por cuanto la educación repercute de manera trascendental en el desarrollo de los menores y, por extensión, en el de la sociedad en su conjunto.
Si bien no es una función primaria y directa del Ministerio Fiscal la elaboración de medidas que salgan al paso del absentismo escolar, éste no es ajeno, ni puede serlo, a las atribuciones e intereses del Ministerio Fiscal.
En el momento presente, ante la crisis sanitaria que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, la preocupación por la garantía de la salud es comprensible y compartida.
En este contexto, en el que, confluyen el derecho a la salud y el derecho/obligación de educación, ante el inminente comienzo del curso escolar 2020/2021, en relación con la incertidumbre generada a nivel nacional en las familias de los escolares afectados por la necesidad de asistencia presencial a los centros educativos relativa a los/as alumnos/as comprendidos entre los 6 y los 16 años, desde la Unidad Especializada de Menores de la FGE se estima conveniente señalar los siguientes aspectos:
Como presupuesto previo debe tenerse en cuenta que la actuación del Ministerio Fiscal, en este ámbito, sólo se justifica con carácter posterior a la realización de aquellas conductas que se realicen en abierta oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores. Pero nunca con un carácter preventivo ajeno a los cometidos propios de la institución.
Cabe recordar que en los tramos de edad comprendidos entre 6 y 16 años persiste la obligación legal de escolarización imperativa en los términos y condiciones establecidos por las legislaciones estatal y autonómica aplicables en cada caso.
Tras las reuniones de coordinación llevadas a cabo entre los responsables de los Ministerios de Sanidad y Educación del Gobierno y los responsables de las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos competentes en materia de Educación y Sanidad, la respectivas Comunidades Autónomas han establecido, siguiendo la pauta fijada en las mismas, los criterios a seguir en cada una de ellas y que se han traducido en las correspondientes instrucciones a los centros educativos.
Consecuentemente, los centros escolares deberán aplicar y observar los oportunos protocolos de seguridad establecidos por las autoridades educativas y sanitarias competentes.
La asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones antedichos, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los/as menores afectados. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo.
Los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, serán los encargados de comunicar a las respectivas Comisiones Locales o Provinciales de Absentismo tales incumplimientos y de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes. Sólo en los casos de repetida y no justificada asistencia a clase se deberá remitir copia del expediente incoado a tales efectos al Ministerio Fiscal, conforme a los respectivos protocolos de actuación vigentes en cada territorio.
Recibidos en la Fiscalía dichos expedientes administrativos, se procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuación de la respuesta institucional a la situación concreta de los alumnos/as afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19, y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar.
Sólo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito.
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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario
Publicado
hace 4 horasen
27 octubre, 2026
Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas
La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.
El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.
Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.
La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.
La viuda, investigada por un posible homicidio
La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.
En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.
La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.
El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.
Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas
La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.
Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.
La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.
El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.
La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.
Un cáncer avanzado y un conflicto familiar
Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.
Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.
El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.
La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.
Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias
Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.
Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.
Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.
A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.
Qué se sabe sobre la investigación en 2026
La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.
La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.
Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.
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