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El Fiscal de Sala de Menores avisa sobre las «consecuencias penales» de no ir a clase

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El absentismo escolar constituye una preocupación para la Fiscalía por cuanto la educación repercute de manera trascendental en el desarrollo de los menores y, por extensión, en el de la sociedad en su conjunto.

Si bien no es una función primaria y directa del Ministerio Fiscal la elaboración de medidas que salgan al paso del absentismo escolar, éste no es ajeno, ni puede serlo, a las atribuciones e intereses del Ministerio Fiscal.

En el momento presente, ante la crisis sanitaria que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, la preocupación por la garantía de la salud es comprensible y compartida.

En este contexto, en el que, confluyen el derecho a la salud y el derecho/obligación de educación, ante el inminente comienzo del curso escolar 2020/2021, en relación con la incertidumbre generada a nivel nacional en las familias de los escolares afectados por la necesidad de asistencia presencial a los centros educativos relativa a los/as alumnos/as comprendidos entre los 6 y los 16 años, desde la Unidad Especializada de Menores de la FGE se estima conveniente señalar los siguientes aspectos:

Como presupuesto previo debe tenerse en cuenta que la actuación del Ministerio Fiscal, en este ámbito, sólo se justifica con carácter posterior a la realización de aquellas conductas que se realicen en abierta oposición al cumplimiento del deber legal de escolarización de los menores. Pero nunca con un carácter preventivo ajeno a los cometidos propios de la institución.

Cabe recordar que en los tramos de edad comprendidos entre 6 y 16 años persiste la obligación legal de escolarización imperativa en los términos y condiciones establecidos por las legislaciones estatal y autonómica aplicables en cada caso.

Tras las reuniones de coordinación llevadas a cabo entre los responsables de los Ministerios de Sanidad y Educación del Gobierno y los responsables de las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos competentes en materia de Educación y Sanidad, la respectivas Comunidades Autónomas han establecido, siguiendo la pauta fijada en las mismas, los criterios a seguir en cada una de ellas y que se han traducido en las correspondientes instrucciones a los centros educativos.

Consecuentemente, los centros escolares deberán aplicar y observar los oportunos protocolos de seguridad establecidos por las autoridades educativas y sanitarias competentes.

La asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones antedichos, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los/as menores afectados. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo.

Los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, serán los encargados de comunicar a las respectivas Comisiones Locales o Provinciales de Absentismo tales incumplimientos y de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes. Sólo en los casos de repetida y no justificada asistencia a clase se deberá remitir copia del expediente incoado a tales efectos al Ministerio Fiscal, conforme a los respectivos protocolos de actuación vigentes en cada territorio.

Recibidos en la Fiscalía dichos expedientes administrativos, se procederá a la incoación de las oportunas diligencias preprocesales a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso, modulando la adecuación de la respuesta institucional a la situación concreta de los alumnos/as afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19, y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar.

Sólo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito.

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Preocupación por el estado de salud de Soraya Sáenz de Santamaría

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Soraya Sáenz de Santamaría enfermedad

Preocupación por el estado de salud de la que fuera exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Según ha informado el portal Informalia podría padecer una «grave» enfermedad, una afección que le habría obligado a reducir considerablemente su actividad profesional en el despacho de Cuatrecasas. Despacho por el que fichó después de dejar la política.  Fuentes del entorno de la abogada y política vallisoletana han afirmado al medio que «se está tratando con éxito» pero que es un tema «muy delicado», un problema de salud que estaría relacionado con el páncreas y que es «complicado».

El mismo medio publicaba un día después que una ex compañera de gobierno de Sáenz de Santamaría les aseguraba que «ha sido operada» y que como resultado de la intervención «está bien».

Una noticia que ha generado una gran preocupación alrededor de Soraya que hace tan solo unas semanas cumplió 50 años. Desde que abandonó la política tras perder las primarias en el Partido Popular frente a Pablo Casado, la abogada del Estado ha desaparecido del foco mediático a pesar de ser consejera electiva en el Consejo de Estado por petición de Pedro Sánchez. Ella está centrada en su trabajo en Cuatrecasas, el prestigioso despacho por el que fichó en 2019 y donde se ha convertido en una experta en el análisis y asesoramiento de inversiones exteriores tras la crisis de la COVID-19.

Sáenz de Santamaría está casada con Iván Rosa, también abogado del Estado y alto ejecutivo de Telefónica. Tienen un hijo llamado Iván.

Fue vicepresidenta Gobierno de España entre 2011 y 2018, en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Actualmente es Consejera de Estado y socia del bufete de abogados Cuatrecasas en el área de gobierno corporativo y compliance.

Entre 2011 y 2018 se desempeñó como vicepresidenta y ministra de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy. Ha ejercido de portavoz del Gobierno, entre 2011 y 2016, y desde 2016 hasta 2018, sumó a sus responsabilidades como ministra de la Presidencia la cartera de Administraciones Territoriales. También en virtud de la activación del Artículo 155 de la Constitución Española, desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, asumió las competencias del President de la Generalitat de Catalunya.

Cesó como vicepresidenta del Gobierno en junio de 2018, tras el éxito de moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra Rajoy. Posteriormente, tras el anuncio de la renuncia de Mariano Rajoy a la presidencia del Partido Popular, Saénz de Santamaría presentó su candidatura para sucederle, obteniendo el mayor número de votos entre todos los candidatos de la primera vuelta de las elecciones primarias. Posteriormente Pablo Casado ganó la segunda vuelta. Santamaría renunció a su escaño el 10 de septiembre y ese mismo día anunció su retirada de la política.

En octubre de 2018 fue nombrada miembro del Consejo de Estado.

Fue denominada en varias ocasiones por varios medios de comunicación como «la mujer más poderosa desde [el regreso] de la democracia en España»

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