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Toque de atención de la Junta Electoral a Ribó por un uso partidista de las redes sociales del Ayuntamiento

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VALÈNCIA, 10 Abr.- La Junta Electoral Provincial de Valencia ha dictado tres resoluciones en las que insta al Ayuntamiento de València a dejar de publicitar gestión pública en redes sociales y en su página web, a raíz de los recursos del PP contra decisiones anteriores de la Junta de Zona.

En concreto, el PP hacía referencia en sus recursos a la presentación por parte del alcalde de València, Joan Ribó, de la estrategia Valencia Music City; en la conformación del Consejo Municipal de Turismo por concejales del PSPV y en la utilización de los perfiles oficiales del Ayuntamiento en las redes sociales «sin guardar la precisa objetividad que se requiere en todo momento y sobre todo en periodo electoral».

En sus resoluciones, de fecha 8 de abril, la Junta Electoral recuerda que el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe de forma expresa durante este periodo la realización de cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o use imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

En estos casos, según añade en cada una, «la difusión en periodo electoral en la página oficial de referencia puede ser valorada como difusión de logros en la gestión política conseguida, que puede suponer una vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos» que dimana de ese artículo. Por ello, estima el recurso del PP contra una primera resolución de la Junta de Zona y requiere al consistorio para el «cese inmediato» de las publicaciones controvertidas.

La candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, Mª José Català, ha advertido en un comunicado que el tripartito «no ha respetado los limites que marca la Loreg y la instrucción dada por la Junta Electoral Central sobre los procesos electorales próximos, según los cuales, las administraciones públicas deben cumplir con los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y el principio de igualdad entre los actores electorales».

Sin embargo, tal y como ha señalado la candidata del PP, «el proceder del tripartito del Ayuntamiento de Valencia no ha garantizado el marco institucional de neutralidad» que establece la Loreg, «que cuida mucho de que los poderes públicos no induzcan el sentido del voto de los electores», y ha hecho «autobombo» de su gestión.

«Intolerable»

Català ha exigido al tripartito que «paralice cualquier acción institucional, pagada con fondos públicos, para ensalzar su gestión y cumpla con la Ley Electoral». «Estamos viendo como a diario están convocando actos públicos como gobierno municipal, utilizando los canales institucionales en las redes sociales, y difundiéndolos a través de la web municipal y la agenda oficial para sacar provecho electoral, y esto es algo intolerable e ilegal que debe finalizar de inmediato, tal y como les ha advertido la Junta Electoral hasta en tres ocasiones».

Ribó: «hay cosas que tenemos que hacer porque estamos gobernando»

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que en su equipo serán «muy escrupulosos» con los actos y manifestaciones públicas en el contexto de la campaña electoral pero ha puntualizado que «hay cosas que tenemos que hacer porque estamos gobernando».

Ribó ha admitido que, «efectivamente», alguna de las resoluciones fue por un tuit y ha señalado que «en campaña electoral hay denuncias continuamente». Ha considerado que «hay un partido, el PP, que está todos los días denunciando, el otro día fue porque nos hicimos una foto con las pancartas de los paraísos fiscales».

Ha informado de que se han presentado las alegaciones a la Junta Electoral y lo ha calificado como «una cuestión normal». En este punto, el alcalde ha añadido: «Intentaremos ser lo más cautelosos posibles pero, de momento, el 1 de este mes teníamos previsto inaugurar una cosa oficialmente con personalidades de España y Roma y la hemos suprimido porque lo veíamos correcto pero a veces estas cosas pasan y no hay más remedio».

«Nosotros seremos muy escrupulosos pero hay cosas que tenemos que hacer porque estamos gobernando e igual nos presenta una denuncia por lo que estamos haciendo aquí ahora», ha rematado.

Fuente: Europa Press

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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