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Valencia

Tres meses de restricciones valencianas, que no han evitado la peor incidencia

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EFE/Kai Försterling

València, 1 feb (EFE).- La Comunitat Valenciana ha aplicado en los últimos tres meses numerosas restricciones frente a la pandemia, que han ido de menos a más ante cada agravamiento de los datos, pero no han evitado que en estos momentos tenga la incidencia más alta de España o el peor porcentaje de pacientes covid en UCI de las comunidades autónomas.

Aunque antes de la entrada en vigor del segundo estado de alarma había aplicado medidas específicas en municipios, desde finales de octubre el Gobierno valenciano ha anunciado en ocho ocasiones restricciones generalizadas en la Comunitat, algunas tras picos diarios de 9.810 contagios (el 23,5 % de España) o 98 fallecidos (el 24 %).

La Comunitat fue la primera en aplicar el toque de queda nocturno, y la única que prohibió los viajes de familiares para reunirse en Navidad, a pesar de lo cual la evolución de los datos epidemiológicos ha llevado finalmente a medidas drásticas, como el cierre total de la hostelería y un semiconfinamiento en la práctica.

PRIMERAS MEDIDAS

La primera medida que se anunció, el pasado 24 de octubre, fue el toque de queda nocturno desde la medianoche a las 6 de la mañana, así como la limitación de las reuniones a seis personas, el cierre nocturno de jardines o la prohibición de consumir en barra en la hostelería.

La pandemia empezaba a empeorar: a mediados de octubre, tras un puente de cuatro días, se inició un cambio de tendencia al alza, y una semana después se habían duplicado los casos, hasta llegar a los 1.690 en un día, el máximo desde marzo. La incidencia acumulada era alta, 153, pero la más baja de las comunidades peninsulares.

Cinco días después, la Comunitat fue la primera en anunciar el cierre perimetral de la región, en principio para siete días, aunque se ha ido prolongando y sigue vigente, hasta el 15 de febrero. Para entonces la incidencia acumulada a catorce días estaba en 218 casos por cien mil habitantes, el doble que dos semanas antes.

RESTRICCIONES DE AFOROS Y MUNICIPIOS CONFINADOS

El 6 de noviembre, con un escenario de «transmisión sostenida y generalizada» del virus y una presión hospitalaria creciente (había 1.333 hospitalizados, 222 en la UCI), aunque se estaba mejor que otras autonomías se redujeron de aforos en comercios y ceremonias, y se confinaron los dos municipios con peores datos: Elda y Petrer.

Justo en ese momento, la Comunitat inició un descenso de casos que duraría cuatro semanas, y que llevó el 5 de diciembre, cuando los hospitalizados covid habían bajado a 1.194 y se habían reducido los contagios semanales, a anunciar medidas para Navidad más laxas: reuniones de hasta diez personas, retraso del inicio del toque de queda y levantamiento del cierre perimetral en los días señalados.

NAVIDAD RESTRINGIDA

Sin embargo, el 6 de diciembre marcó un nuevo punto de inflexión, con un aumento de contagios que llevó, doce días después, a corregir las medidas navideñas. Para entonces, se encadenaban cuatro días seguidos con más de 2.000 casos diarios, y la incidencia estaba en 254 tras crecer un 27 % en una semana y por primera vez superaba la media nacional.

La Comunitat prohibió superar las 6 personas en las reuniones, sin ninguna excepción; adelantó el inicio de toque de queda a las 11 de la noche (solo se permitió que comenzara a medianoche en Nochebuena y Navidad) y se reforzó el cierre perimetral, impidiendo los viajes de familiares o allegados.

MEDIDAS DRÁSTICAS

Pese a estas medidas, el coronavirus evolucionó de forma tan negativa que el 5 de enero se anunciaron más restricciones. En dos semanas, la incidencia había crecido un 16 % (hasta 322) y los ingresos por covid un 52 % (hasta 2.121). Y en una semana se habían notificado 196 muertos, situando el total de la pandemia por encima de los 3.000.

La decisión del Consell entonces fue adelantar el inicio del toque de queda a las 22 horas; confinar los 29 municipios con una incidencia «crítica»; que la hostelería cerrara a las cinco de la tarde, y reducir más el aforo de los comercio, una situación en la práctica de semiconfinamiento.

Sin embargo, dos semanas después, la incidencia era demasiado alta (896), la curva de contagios dejaba reportes por encima de los 7.000 casos diarios y había tensión en los hospitales, con 3.829 ingresados, 515 de ellos en la UCI, lo que llevó a decretar el cierre total de la hostelería y centros deportivos, y del comercio no esencial desde las 18 horas.

La penúltima decisión del Consell, tras registrar la peor semana de toda la pandemia (con 48.000 contagios, 571 fallecidos y estrés hospitalario, con 4.338 ingresados, de ellos 536 en la UCI) ha sido limitar las reuniones a los convivientes en el espacio privado y a un máximo de dos personas en la calle, y confinar perimetralmente las grandes ciudades los fines de semana, hasta mitad de febrero.

Tras cuatro días con la mayor incidencia acumulada de España (1.431 en estos momentos), la última medida ha sido el uso obligatorio de la mascarilla para hacer deporte en los núcleos urbanos entre las 10 y las 19 horas y en la playa «en todo momento», además del cierre de balnearios y saunas, que entran en vigor tras cerrar el peor mes de la pandemia.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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