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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B

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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B
Imagen de archivo con Carmen Alborch (d) y María Teresa Fernández de la Vega durante un acto del PSPV-PSOE. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Guardia Civil cree que buena parte de las iniciativas promocionales que hizo el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunitat Valenciana, con Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista, fue abonada con cerca de medio millón de euros en «B» procedentes del empresario de la construcción Jaime María Febrer.

Parte de esos pagos supuestamente ilícitos fue abonada por la constructora manchega Gigante, al parecer con fondos del constructor valenciano Jaime María Febrer, pero también a través del grupo Gimeno -cuyo propietario ya fue condenado en el marco del caso Gürtel por una operativa similar, pero con el PP como beneficiario- y Acciona, supuestamente como consecuencia de la adjudicación de la obra de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el marco del caso Azud que instruye un juzgado valenciano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalla varios pagos que se canalizaron a través de empresas del Grupo Gimeno, como Sitra o Facsa (cerca de 180.000 euros) y también de Construcciones Luján (120.000 euros) para abonar a diversas firmas de publicidad y comunicación la confección de gorras, camisetas, mochilas o lápices, entre otros objetos.

El sumario de una de las piezas secretas del caso Azud, que permanecía secreta hasta este martes, contiene un informe de la UCO que constata la inyección de fondos opacos a las candidaturas de las exministras a través de firmas relacionadas con Febrer, que se hicieron cargo de los gastos de diversos objetos promocionales.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la UCO ha podido realizar estas averiguaciones a partir de los documentos que se incautaron al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña (imputado en esta causa) en su domicilio.

El sumario de este caso señala que las empresas del Grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, abonaron a la constructora manchega Gigante Edificaciones y Obras una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad con la verdadera intención de sacar esos fondos del circuito legal y destinarlos al pago de sobornos.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport), firmas todas ellas que se dedicaban a la publicidad y que trabajaron para el PSPV.

Según detalló la instructora del caso en un reciente auto, Febrer mantenía numerosas reuniones con Pepe Cataluña en las que supuestamente abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que hacer Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en las campañas del PSPV.

El PSPV también abonó en 2007 una parte de la campaña electoral de Unió Valenciana, según señaló el representante de Key, acciones para la campaña electoral (buzoneo) por 102.080 euros a través de Gigante por indicación de Paco Martínez, exgerente del PSPV-PSOE.

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Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

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¿Qué red social es más nociva para la salud mental?

Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo contra el uso digital infantil

Australia ha dado un paso decisivo en la regulación del entorno digital: el Gobierno federal ha anunciado una prohibición de acceso a redes sociales para todos los menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los países con la normativa más estricta en protección digital infantil. La medida, que busca frenar los efectos nocivos del uso intensivo de plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook, ha abierto un intenso debate internacional sobre privacidad, salud mental y derechos digitales.

Una decisión impulsada por la salud mental juvenil

El primer ministro australiano justificó la medida asegurando que “la evidencia es abrumadora: las redes sociales están dañando la salud mental de nuestros jóvenes”. Estudios del Ministerio de Sanidad del país alertaron de un aumento significativo en:

  • Trastornos de ansiedad y depresión en menores

  • Casos de ciberacoso

  • Adicción digital

  • Exposición a contenidos violentos o inapropiados

  • Problemas de autoestima derivados de la comparación constante

Para el Ejecutivo australiano, el acceso temprano a redes sociales constituye un riesgo que supera los beneficios.

**¿Cómo se implementará la prohibición?

Tecnología de verificación obligatoria**

A partir de la entrada en vigor de la ley, todas las plataformas de redes sociales deberán utilizar sistemas de verificación de edad mediante tecnologías autorizadas por el Gobierno. Estas herramientas podrían incluir:

  • Comprobación de documentos oficiales

  • Sistemas biométricos anonimizados

  • Verificación mediante intermediarios certificados

Las empresas que no cumplan con las nuevas reglas se enfrentarán a multas millonarias y posibles restricciones operativas dentro del país.

Excepciones y responsabilidades parentales

La medida prohíbe la creación de cuentas y el acceso habitual a menores de 16 años, pero el Gobierno está estudiando mecanismos para permitir:

  • Supervisión parental estricta

  • Contenidos educativos y de comunicación escolar

  • Canales técnicos especialmente diseñados para menores

Aun así, la regla general es clara: ningún menor de 16 años podrá tener presencia activa en redes sociales tradicionales.

Australia se coloca a la vanguardia de la regulación digital

La iniciativa supone un salto cualitativo respecto a normativas vigentes en otros países:

  • En EE.UU. algunos estados han limitado el uso nocturno o exigen permiso parental.

  • En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a extremar la protección de los menores, pero no prohíbe su acceso.

  • Francia ha planteado la verificación obligatoria, pero sin prohibición total.

Australia, en cambio, adopta un modelo restrictivo, argumentando que la exposición a entornos digitales altamente adictivos no es compatible con el bienestar infantil.

Apoyo entre padres y especialistas, pero críticas por privacidad

Las asociaciones de padres y docentes han celebrado la medida como un “cambio necesario” ante la dificultad creciente de controlar el uso de dispositivos. También psicólogos y expertos en infancia respaldan la iniciativa como un freno a los riesgos psicológicos.

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales han alertado sobre:

  • El riesgo de vigilancia excesiva

  • El impacto en la privacidad de menores

  • La posibilidad de exclusión tecnológica

  • La eficiencia real de las verificaciones de edad

Para estos grupos, la clave debería ser la educación digital, no la prohibición.

Un experimento global que marcará tendencia

Australia se convierte así en un laboratorio internacional de políticas digitales. Si la medida demuestra reducir problemas de salud mental y ciberacoso, otros países podrían adoptarla en los próximos años.

Entre tanto, el debate sigue abierto:
¿proteger a los menores o limitar su libertad digital?
El tiempo dirá si la prohibición es el comienzo de una nueva era de regulación global o una medida transitoria en busca de un equilibrio más adecuado.

 

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