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Puigdemont acepta las elecciones del gobierno español como un reto democrático

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Puigdemont candidato Junts

El cesado President de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha anunciado que se presenta a las elecciones del 21 de diciembre y le pide al gobierno que respete el resultado de las urnas. En rueda de prensa celebrada en Bruselas, en catalán, francés y español, Puigdemont ha exigido «un compromiso claro del Estado»: ¿Van a respetar los resultados de las elecciones del 21-D?, y les ha lanzado una pregunta, «¿Están preparados para respetarlos? Nosotros sí».
A continuación ha enviado un mensaje a los catalanes y les ha pedido que se preparen para «un camino largo porque «en frente está el Estado que solo entiende el camino de la fuerza» y ha asegurado que no van a abandonar la consecución de sus objetivos.

También se ha referido a la querella presentada por la Fiscalía admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Puigdemont la ha valorado asegurando que, «la querella de Maza no se sustenta judicialmente y confirma la agresividad del Gobierno contra el Govern y la Mesa». Y ha añadido que el Estado lo amenaza con 30 años de cárcel por cumplir lo que había en su programa electoral.

Respecto a su visita a Bruselas, Puigdemont ha explicado que no pedirá asilo en Bélgica pero pide «garantías» para volver a España. «No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad», ha afirmado durante el encuentro con los periodistas.

En cuanto al hecho de su viaje a la capital belga, Puigdemont dice que se ha desplazado a Bruselas «para evidenciar el problema catalán» y rechaza que vayan «a escapar de la Justicia», para añadir que si se hubieran quedado en España con una actitud de resistencia, «estoy convencido de que habría habido una reacción muy violenta del Estado y no quiero exponer a mis conciudadanos a una oleada de violencia».

Finalmente, Carles Puigdemont ha lanzado un mensaje a la comunidad internacional y les ha solicitado que reaccionen, «que hagan algo, la causa catalana es la causa de los valores sobre los que se ha fundado Europa». Y ha insistido en que su mano «ha estado tendida hasta el infinito: Se propuso suspender la independencia a cambio de un diálogo franco».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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