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Puigdemont acepta las elecciones del gobierno español como un reto democrático

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Puigdemont candidato Junts

El cesado President de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha anunciado que se presenta a las elecciones del 21 de diciembre y le pide al gobierno que respete el resultado de las urnas. En rueda de prensa celebrada en Bruselas, en catalán, francés y español, Puigdemont ha exigido «un compromiso claro del Estado»: ¿Van a respetar los resultados de las elecciones del 21-D?, y les ha lanzado una pregunta, «¿Están preparados para respetarlos? Nosotros sí».
A continuación ha enviado un mensaje a los catalanes y les ha pedido que se preparen para «un camino largo porque «en frente está el Estado que solo entiende el camino de la fuerza» y ha asegurado que no van a abandonar la consecución de sus objetivos.

También se ha referido a la querella presentada por la Fiscalía admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Puigdemont la ha valorado asegurando que, «la querella de Maza no se sustenta judicialmente y confirma la agresividad del Gobierno contra el Govern y la Mesa». Y ha añadido que el Estado lo amenaza con 30 años de cárcel por cumplir lo que había en su programa electoral.

Respecto a su visita a Bruselas, Puigdemont ha explicado que no pedirá asilo en Bélgica pero pide «garantías» para volver a España. «No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad», ha afirmado durante el encuentro con los periodistas.

En cuanto al hecho de su viaje a la capital belga, Puigdemont dice que se ha desplazado a Bruselas «para evidenciar el problema catalán» y rechaza que vayan «a escapar de la Justicia», para añadir que si se hubieran quedado en España con una actitud de resistencia, «estoy convencido de que habría habido una reacción muy violenta del Estado y no quiero exponer a mis conciudadanos a una oleada de violencia».

Finalmente, Carles Puigdemont ha lanzado un mensaje a la comunidad internacional y les ha solicitado que reaccionen, «que hagan algo, la causa catalana es la causa de los valores sobre los que se ha fundado Europa». Y ha insistido en que su mano «ha estado tendida hasta el infinito: Se propuso suspender la independencia a cambio de un diálogo franco».

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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