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Un año del primer muerto por covid en España: un valenciano llegado del Nepal

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Madrid, 12 feb (EFE).- El 13 de febrero de 2020 falleció el primer enfermo de coronavirus en España y en Europa, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia, un valenciano que acababa de llegar de Nepal, aunque no se atribuyó la causa de su muerte a esa nueva enfermedad, entonces casi desconocida, hasta el 3 de marzo.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, desde que comenzó la pandemia, 3.041.454 personas se contagiaron y 64.127 han fallecido en España, si bien sobre el número real de muertos hay cierta polémica ya que otras fuentes, como el INE o el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), lo sitúa en una cifra más alta, cercana a los 84.000.

El 31 de enero del año pasado, el Centro Nacional de Microbiología confirmó el primer caso de coronavirus en el país: el de un turista alemán en la isla canaria de La Gomera, donde viajó con unos compatriotas.

Ese mismo día aterrizó en Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión con españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, la mayoría de ellos técnicos que trabajaban para el equipo de fútbol local Wuhan Three Towns.

Desde el aeródromo fueron trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde pasaron una cuarentena de catorce días. Ninguno de ellos dio positivo.

Un mes antes de esa fecha, las autoridades de Wuhan habían informado de 27 casos de una neumonía desconocida tras haber visitado el mercado de animales vivos de esa localidad y pocos días después se puso nombre al culpable de la infección, el Sars-Cov-2.

También por esas fechas, otro equipo de fútbol de esa ciudad, el Wuhan Zall, entrenaba en Andalucía, donde llegó el 29 de enero y que a mediados de marzo regresó a su país, debido a la situación por la covid-19, explicó entonces su entrenador, el español José González.

«El problema ahora está aquí, en China se ha erradicado prácticamente», indicó el técnico gaditano.

Los primeros casos en España estaban vinculados a extranjeros, que fueron aislados en los hoteles en los que se hospedaban, o a españoles recién llegados de otros países, generalmente del norte de Italia.

Hasta el 26 de febrero no se conoció el primer caso del virus no importado: un hombre de 62 años hospitalizado en Sevilla.

El 9 de marzo la Comunidad de Madrid y las localidades vascas de Vitoria y Labastida son declaradas zonas de «transmisión comunitaria alta», por lo que se suspenden las clases y se recomienda el teletrabajo.

El 10 de marzo, el Congreso y el Senado suspenden sus actividades y se prohíben los vuelos desde Italia.

El 11 la OMS declara la pandemia y el 14 el Gobierno aprueba el estado de alarma, para, un día después anunciar un paquete de medidas que incluían el control de la sanidad privada, la contratación de personal sanitario y el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas, además de cerrar las fronteras terrestres.

A partir de entonces se desplegaron hospitales de campaña y reconvirtieron establecimientos para hacerlos centros médicos o morgues, se pararon las actividades no esenciales, se autorizaron créditos y avales para empresas y ertes para sus empleados, pero las cifras de contagios y de muertes se sucedían, hasta llegar a los 950 muertos en un solo día, el 2 de abril.

El 18 de abril se superaron los 20.000 muertos, aunque pocos días después el Gobierno aprobó un plan de desescalada con cuatro fases y distintas velocidades según los territorios y se permitieron las salidas a la calle, con distintas franjas horarias.

Tras 98 días y seis prórrogas, finaliza el estado de alarma y se reabren las fronteras a países europeos el 21 de junio, pero en los días siguientes, los rebrotes llevan a imponer restricciones en algunas zonas.

A primeros de julio, Cataluña establece el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos, medida que, a continuación, adoptan también otras comunidades.

Como empieza a aumentar el número de contagiados y fallecidos, a mediados de agosto Sanidad y las comunidades acuerdan cerrar discotecas y bares de copas, limitar el horario de restaurantes y la prohibición de fumar en la calle.

El 15 de septiembre se superan los 30.000 muertos y los 600.000 contagios y el 29 el Consejo Interterritorial de Salud acuerda -con los votos en contra de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Ceuta- restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con alto impacto de covid.

Poco después el Gobierno declara el estado de alarma en Madrid y 8 municipios de la región y otras comunidades deciden cerrar la hostelería e implantar el confinamiento perimetral.

Pero los contagios y fallecimientos continúan, por lo que el 25 de octubre, el Ejecutivo aprueba el estado de alarma nacional con toque de queda nocturno, lo que es avalado por el Congreso.

El récord de muertes en la segunda ola, 537 en un día, está datado el 24 de noviembre y pocos días después el Consejo Interterritorial de Salud aprueba medidas para Navidad que incluyen reuniones de hasta 10 personas y cierres perimetrales.

El 27 de diciembre comienza la vacunación y un día después se superan los 50.000 fallecidos por covid.

En plena tercera ola, el pasado día 7 de enero, se superan los 2 millones de contagios, en tanto que la vacunación avanza muy lentamente.

La incidencia acumulada roza los 900 casos (899,93) el pasado 27 de enero y así, el 3 de febrero, España supera los 60.000 muertos por covid, para el pasado día 9 superar los 3 millones de contagios y registrar la cifra diaria de muertes más alta desde abril: 766.

Inmaculada López Varona

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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