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Un año del primer muerto por covid en España: un valenciano llegado del Nepal

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Madrid, 12 feb (EFE).- El 13 de febrero de 2020 falleció el primer enfermo de coronavirus en España y en Europa, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia, un valenciano que acababa de llegar de Nepal, aunque no se atribuyó la causa de su muerte a esa nueva enfermedad, entonces casi desconocida, hasta el 3 de marzo.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, desde que comenzó la pandemia, 3.041.454 personas se contagiaron y 64.127 han fallecido en España, si bien sobre el número real de muertos hay cierta polémica ya que otras fuentes, como el INE o el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), lo sitúa en una cifra más alta, cercana a los 84.000.

El 31 de enero del año pasado, el Centro Nacional de Microbiología confirmó el primer caso de coronavirus en el país: el de un turista alemán en la isla canaria de La Gomera, donde viajó con unos compatriotas.

Ese mismo día aterrizó en Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión con españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, la mayoría de ellos técnicos que trabajaban para el equipo de fútbol local Wuhan Three Towns.

Desde el aeródromo fueron trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde pasaron una cuarentena de catorce días. Ninguno de ellos dio positivo.

Un mes antes de esa fecha, las autoridades de Wuhan habían informado de 27 casos de una neumonía desconocida tras haber visitado el mercado de animales vivos de esa localidad y pocos días después se puso nombre al culpable de la infección, el Sars-Cov-2.

También por esas fechas, otro equipo de fútbol de esa ciudad, el Wuhan Zall, entrenaba en Andalucía, donde llegó el 29 de enero y que a mediados de marzo regresó a su país, debido a la situación por la covid-19, explicó entonces su entrenador, el español José González.

«El problema ahora está aquí, en China se ha erradicado prácticamente», indicó el técnico gaditano.

Los primeros casos en España estaban vinculados a extranjeros, que fueron aislados en los hoteles en los que se hospedaban, o a españoles recién llegados de otros países, generalmente del norte de Italia.

Hasta el 26 de febrero no se conoció el primer caso del virus no importado: un hombre de 62 años hospitalizado en Sevilla.

El 9 de marzo la Comunidad de Madrid y las localidades vascas de Vitoria y Labastida son declaradas zonas de «transmisión comunitaria alta», por lo que se suspenden las clases y se recomienda el teletrabajo.

El 10 de marzo, el Congreso y el Senado suspenden sus actividades y se prohíben los vuelos desde Italia.

El 11 la OMS declara la pandemia y el 14 el Gobierno aprueba el estado de alarma, para, un día después anunciar un paquete de medidas que incluían el control de la sanidad privada, la contratación de personal sanitario y el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas, además de cerrar las fronteras terrestres.

A partir de entonces se desplegaron hospitales de campaña y reconvirtieron establecimientos para hacerlos centros médicos o morgues, se pararon las actividades no esenciales, se autorizaron créditos y avales para empresas y ertes para sus empleados, pero las cifras de contagios y de muertes se sucedían, hasta llegar a los 950 muertos en un solo día, el 2 de abril.

El 18 de abril se superaron los 20.000 muertos, aunque pocos días después el Gobierno aprobó un plan de desescalada con cuatro fases y distintas velocidades según los territorios y se permitieron las salidas a la calle, con distintas franjas horarias.

Tras 98 días y seis prórrogas, finaliza el estado de alarma y se reabren las fronteras a países europeos el 21 de junio, pero en los días siguientes, los rebrotes llevan a imponer restricciones en algunas zonas.

A primeros de julio, Cataluña establece el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos, medida que, a continuación, adoptan también otras comunidades.

Como empieza a aumentar el número de contagiados y fallecidos, a mediados de agosto Sanidad y las comunidades acuerdan cerrar discotecas y bares de copas, limitar el horario de restaurantes y la prohibición de fumar en la calle.

El 15 de septiembre se superan los 30.000 muertos y los 600.000 contagios y el 29 el Consejo Interterritorial de Salud acuerda -con los votos en contra de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Ceuta- restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con alto impacto de covid.

Poco después el Gobierno declara el estado de alarma en Madrid y 8 municipios de la región y otras comunidades deciden cerrar la hostelería e implantar el confinamiento perimetral.

Pero los contagios y fallecimientos continúan, por lo que el 25 de octubre, el Ejecutivo aprueba el estado de alarma nacional con toque de queda nocturno, lo que es avalado por el Congreso.

El récord de muertes en la segunda ola, 537 en un día, está datado el 24 de noviembre y pocos días después el Consejo Interterritorial de Salud aprueba medidas para Navidad que incluyen reuniones de hasta 10 personas y cierres perimetrales.

El 27 de diciembre comienza la vacunación y un día después se superan los 50.000 fallecidos por covid.

En plena tercera ola, el pasado día 7 de enero, se superan los 2 millones de contagios, en tanto que la vacunación avanza muy lentamente.

La incidencia acumulada roza los 900 casos (899,93) el pasado 27 de enero y así, el 3 de febrero, España supera los 60.000 muertos por covid, para el pasado día 9 superar los 3 millones de contagios y registrar la cifra diaria de muertes más alta desde abril: 766.

Inmaculada López Varona

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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